El máximo órgano constitucional frena la destitución de la magistrada paceña y preserva la institucionalidad judicial en plena coyuntura electoral.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó otorgar una medida cautelar que frena de manera temporal los efectos de la resolución emitida por un juez de Coroico, quien había dispuesto el retiro de credencial de la magistrada Fanny Coaquira Rodríguez, actual representante del departamento de La Paz ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Con esta decisión, Coaquira continúa legalmente en el ejercicio de sus funciones hasta que el TCP emita un fallo final.

La medida fue dispuesta por la Comisión de Admisión del TCP, integrada por los magistrados Elizabeth Cornejo Gallardo (presidenta), Yván Espada Navía y Edson Dávalos. La solicitud fue presentada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteuffel, en el marco de una acción de defensa que advertía sobre un potencial daño institucional si se ejecutaba la destitución sin revisión constitucional.

En conferencia de prensa, la magistrada Cornejo explicó que la decisión de declarar procedente la medida cautelar responde al mandato constitucional de garantizar el funcionamiento de los órganos del Estado. “Es una acción preventiva, no un juicio sobre el fondo. Se busca evitar que una medida judicial genere efectos irreparables antes de que se analice la legalidad del proceso”, sostuvo.

El presidente del TCP, Gonzalo Hurtado Zamorano, remarcó la vigencia del principio de independencia de poderes como pilar fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia. “Nuestro deber es evitar choques entre órganos y preservar la institucionalidad. Bolivia necesita equilibrio, especialmente en un año electoral”, afirmó.

Por su parte, el magistrado Espada advirtió que el país vive una etapa de polarización política, social y económica. En ese sentido, aseguró que decisiones apresuradas, sin coordinación interinstitucional, podrían agudizar las tensiones y generar desconfianza en las instituciones. “El TCP no puede permitir que el órgano judicial quede vulnerable en un contexto electoral tan delicado”, expresó.

La medida adoptada implica que el TSE deberá mantener vigente la credencial de Fanny Coaquira, habilitándola para continuar como magistrada del TSJ mientras se resuelve el fondo del caso. La causa será sorteada conforme a los procedimientos internos y solo entonces se emitirá una sentencia definitiva que determine su situación legal.

El magistrado Edson Dávalos reafirmó que esta acción se enmarca en el mandato del TCP de proteger derechos fundamentales y competencias institucionales. Señaló que es deber del Tribunal actuar con responsabilidad, especialmente ante decisiones judiciales que, de aplicarse sin revisión, podrían causar conflictos innecesarios entre órganos del poder público.