Más de cien organizaciones y personalidades de América Latina y el Caribe repudian la decisión oficial de Bolivia y recuerdan que el reconocimiento a la República Saharaui sigue vigente jurídicamente.

La determinación del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia de interrumpir vínculos diplomáticos con la República Árabe Saharaui Democrática generó una reacción coordinada de plataformas sociales y políticas en la región. Un documento respaldado por más de un centenar de firmas circula desde esta semana con un mensaje claro: la medida debe revertirse.
El pronunciamiento repasa antecedentes históricos. Bolivia reconoció a la RASD en 1982, durante la administración de Hernán Siles Suazo, al inicio de la etapa democrática. Posteriormente, bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora, se formalizaron relaciones diplomáticas plenas. “Ese reconocimiento es un acto soberano del Estado boliviano que no puede anularse por una decisión política temporal”, indica el texto firmado por organizaciones de catorce países.
Las entidades sostienen que la suspensión contradice compromisos asumidos por Bolivia en materia de autodeterminación de los pueblos. “La Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 1514 (XV) establecen con claridad el derecho de los pueblos a decidir su destino”, señala el documento, que remarca que el caso del Sáhara Occidental es considerado por la comunidad internacional como un proceso de descolonización pendiente.
Desde la Plataforma Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (PLACSO) se informó que se activarán acciones públicas y gestiones formales ante autoridades bolivianas. “La ruptura implica un giro en una política exterior que durante décadas respaldó la causa saharaui”, afirma la declaración difundida por esa instancia.
El expresidente Evo Morales expresó su posición en un mensaje público. “Suspender relaciones con la República Saharaui contradice nuestra Constitución y nuestra tradición anticolonial”, manifestó. Añadió que Bolivia “ha sostenido históricamente el principio de autodeterminación y no puede apartarse de ese compromiso”.
El documento colectivo advierte que la decisión puede interpretarse como un respaldo político a la ocupación ejercida por el Reino de Marruecos en parte del territorio saharaui. “Avalar la imposición por la fuerza vulnera principios esenciales del derecho internacional”, subraya el texto.