El comandante Mirko Sokol Sarabia tomó el mando advirtiendo que ningún policía cobrará dinero ilegal. Su plan apuesta por depuración interna y combate frontal al crimen organizado.

El general Mirko Sokol Sarabia fue posesionado como comandante general de la Policía Boliviana y transformó el acto protocolar en una línea de ruptura con el pasado reciente. Habló sin formalismos políticamente correctos y lanzó un mensaje que golpeó directamente a quienes aún creen que el uniforme es licencia para extorsionar: no habrá cobros ilegales ni interna ni externamente, y quien lo haga enfrentará una intervención fulminante.

El presidente Rodrigo Paz encabezó la ceremonia en el Palacio Quemado y comprometió respaldo absoluto para una transformación profunda dentro de la institución. Aseguró que el Gobierno ya no tolerará una Policía moldeada por cuotas políticas, redes criminales infiltradas o intereses particulares que desplazaron por años a la seguridad ciudadana como prioridad.

Sokol tomó la palabra con tono firme. “Los intereses personales se acaban”, sentenció ante la cúpula policial. Su advertencia fue claramente dirigida a prácticas normalizadas durante décadas. La extorsión económica fue una de ellas: desde retenes hasta permisos internos, la institución permitió que el dinero lubricara decisiones y determinara destinos. Ese modelo, aseguró, está muerto desde su primer día de gestión.

El nuevo comandante estructuró su plan en tres ejes que pretenden un impacto visible y directo en la población. El primero apunta a erradicar el cobro por favores, procedimientos, ascensos o simples circulaciones en las calles. Reclama que todo efectivo entienda su labor como servicio público, no como oportunidad de recaudar para sí mismo o para superiores. La orden es terminante: ni un centavo indebido.

El segundo componente se centra en romper cualquier vínculo entre la Policía y organizaciones criminales. Durante años, denuncias ciudadanas y casos judiciales apuntaron a clanes delictivos que operaron con complicidad interna. Sokol anunció que las órdenes de aprehensión se ejecutarán sin privilegios ni demoras, aunque ello implique enfrentar figuras poderosas o redes enquistadas en el país. “La ley se aplica para todos”, afirmó ante los medios después del acto.

El tercer eje se concentra en la depuración meritocrática. Los ascensos serán ganados por formación, capacidad y desempeño operativo, no por apadrinamiento político ni transacciones económicas disfrazadas de trámites administrativos. Sokol adelantó una batería de siete proyectos normativos destinados a blindar la carrera policial, porque sin una jerarquía limpia, aseguró, no existe posibilidad de recuperación institucional real.

La ausencia del vicepresidente Edmand Lara en el acto elevó cuestionamientos. Aunque informó un contratiempo familiar, su historia como exoficial expulsado por denunciar corrupción genera un contraste simbólico con la nueva batalla interna que Sokol promete librar. Lara había anunciado que combatiría la corrupción desde el gobierno, un discurso que coincide con el reto inmediato de la Policía.

La población boliviana lleva años demandando una Policía que asuma su rol de protección y que abandone cualquier aproximación de hostigamiento económico. Las denuncias se acumularon, la confianza social se erosionó y el miedo a la autoridad creció. La llegada de Sokol se interpreta como un intento de cambiar la ecuación, pero el desafío será sostener la presión interna y evitar que viejas prácticas se reorganicen en silencio.