Transporte, salud, magisterio, sectores indígenas e interculturales activan medidas simultáneas; la escasez de combustible, la Ley 1720 y demandas salariales elevan la presión sobre la sede de gobierno.

La Paz abre la semana con un cuadro de protestas que se despliega en varios frentes y con fechas definidas. Marchas, paros y bloqueos coinciden en la sede de gobierno y en distintas regiones, con demandas que van desde la falta de combustible hasta reclamos salariales y cuestionamientos a una norma sobre la propiedad de la tierra. En ese escenario, el presidente Rodrigo Paz afirmó: “no temo a las movilizaciones”, mientras los sectores movilizados avanzan con sus medidas.
El transporte marcó el inicio de las acciones. La Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran) declaró estado de emergencia y confirmó marchas y bloqueos desde el lunes 27 de abril. El sector reclama la regularización inmediata del suministro de combustible. Dirigentes sostienen que la escasez se mantiene y que no existe explicación suficiente para el desabastecimiento. La falta de carburantes afecta la operación diaria, incrementa costos y reduce frecuencias, con impacto directo en los usuarios.
El sistema de salud se suma a la presión a mitad de semana. La Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Seguridad Social (FESIMRAS) convocó a un paro nacional de 24 horas en la Caja Nacional de Salud (CNS) para el miércoles 29 de abril. La medida responde a la falta de insumos médicos y a deficiencias en la atención que, según el sector, se repiten en distintos centros. Durante la jornada se atenderán emergencias, mientras que consultas externas y procedimientos programados quedarán suspendidos.
En paralelo, la marcha indígena campesina avanza hacia la sede de gobierno con una demanda concreta: la abrogación de la Ley 1720. El grupo partió desde San Ignacio de Moxos y se fortalece con nuevas adhesiones en el trayecto. Los movilizados sostienen que la norma, que autoriza la conversión de la pequeña propiedad en mediana propiedad, pone en riesgo la tenencia de tierras en comunidades campesinas. A la movilización se suman la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) y sus subcentrales TIM, TIMI, Bella Selva y el GIA-TIM.
El respaldo a la marcha indígena también llega desde el ámbito laboral. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en coordinación con la Central Obrera Boliviana (COB), instruyó a sus afiliados designar representantes para incorporarse a la movilización desde el lunes 27 de abril, “con su respectiva logística”. La adhesión amplía la presencia de sectores organizados en el recorrido hacia La Paz.
La COB, además, confirmó la realización de un cabildo nacional el 1 de mayo. Su ejecutivo, Mario Argollo, informó que la convocatoria fue socializada con distintos sectores. “Los sectores van a estar ingresando con marchas y diferentes maneras para llevar al cabildo”, señaló en declaraciones difundidas por Unitel. En ese espacio se prevé definir nuevas acciones frente a medidas del Gobierno y retomar el pedido de incremento salarial.
El conflicto con el magisterio continúa sin avances. La semana pasada, maestros se movilizaron en el centro paceño y sostuvieron reuniones con el Ministerio de Educación que concluyeron sin acuerdos. Tras la ruptura del diálogo, el sector anunció que continuará con protestas en coordinación con la COB. Entre sus principales demandas figuran un incremento salarial del 20 % y la jubilación con el 100 % del salario.
A este escenario se suman los interculturales. La Federación Departamental de Comunidades Interculturales Originarias anunció bloqueos de caminos de manera indefinida desde el lunes 27 de abril. El sector denuncia falta de atención del Gobierno central, cuestiona la calidad del combustible y advierte sobre la “pretensión de imponer autoridades ilegítimas” en el departamento de La Paz. Los bloqueos previstos se concentrarán en rutas estratégicas, con impacto en el tránsito interdepartamental y el abastecimiento.
La coincidencia de estas medidas en una misma semana genera un impacto acumulado en la sede de gobierno. Las marchas avanzan hacia el centro político, los bloqueos restringen la circulación en puntos clave y los paros afectan servicios esenciales. La llegada de la marcha indígena, junto con la participación de organizaciones laborales, anticipa concentraciones de mayor escala en los próximos días.
En este contexto, el presidente Rodrigo Paz reiteró su posición frente a las movilizaciones. “No temo a las movilizaciones”, afirmó, y añadió que su principal preocupación es no poder ofrecer soluciones para el futuro del país. La declaración se produce mientras los sectores movilizados mantienen sus demandas sin modificaciones y avanzan con las medidas anunciadas.