La medida cautelar se sustenta en informes oficiales, incautaciones y registros investigativos que apuntan a bienes no declarados y presuntos beneficios obtenidos desde estructuras estatales bajo observación.

La determinación de privar de libertad a Marcelo Arce Mosqueira durante 140 días responde a una evaluación judicial que prioriza asegurar la investigación por legitimación de ganancias ilícitas, un caso que ha comenzado a consolidarse con evidencias documentales y operativas.

El juzgado anticorrupción que atendió la audiencia consideró los informes del Ministerio Público y del Viceministerio de Transparencia, donde se describen posibles mecanismos de captación de recursos a través de procesos administrativos observados. Entre los datos relevantes figura su presunta vinculación con espacios institucionales relacionados a YPFB, lo que refuerza la hipótesis de acceso a estructuras estatales.

Los operativos ejecutados por la Policía derivaron en el secuestro de dinero en efectivo —16.500 dólares y 40.000 bolivianos—, además de un vehículo y otros elementos incorporados al cuaderno investigativo. Tras no ser ubicado en un primer allanamiento, fue localizado en Equipetrol, donde, según el reporte oficial, intentó evadir la intervención antes de ser interceptado.

Desde la defensa se rechazó la medida. “Se está aplicando una decisión desproporcionada”, manifestó su abogado, quien remarcó que los bienes identificados formalmente son reducidos frente a lo que se expone en la investigación.

No obstante, los informes institucionales hacen referencia a un conjunto mayor de activos, entre ellos inmuebles y motorizados que no figuran a su nombre, pero que estarían vinculados a sus movimientos financieros.