La continuidad de la investigación mantiene abiertas las críticas porque el decomiso de un cargamento millonario derivó, hasta ahora, en la detención preventiva de una sola persona.

La investigación sobre el cargamento de más de 100 kilos de oro interceptado en el aeropuerto internacional de Viru Viru sigue generando observaciones por el reducido número de personas procesadas. Aunque el mineral decomisado fue valuado en aproximadamente 25 millones de dólares y el caso apunta a una operación de gran magnitud, hasta el momento solo un joven de 20 años permanece con detención preventiva. La situación motivó pedidos para ampliar las investigaciones, identificar a todos los responsables y esclarecer el papel que desempeñaron las instituciones encargadas de los controles.
Legisladores cuestionan el alcance del caso
La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, sostuvo que el desarrollo de la investigación deja más preguntas que respuestas. Consideró que la permanencia de un único detenido no guarda relación con las características del operativo ni con el volumen del cargamento incautado.
«Justicia y Policía pierden credibilidad. ¿Cómo es posible que solo se tenga a un solo detenido en posesión millonaria de oro y los otros estén libres?», manifestó.
La parlamentaria también reclamó explicaciones del Gobierno y pidió la destitución del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. «El Gobierno debe dar una explicación inmediata y destituir al ministro Oviedo, por incapaz», afirmó.
Claros añadió que el Ministerio Público debería informar de manera detallada cuáles fueron los elementos que determinaron la situación jurídica de las personas que inicialmente fueron arrestadas y posteriormente recuperaron su libertad.
Demandan esclarecer toda la operación
El máximo dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Joel Guarachi, afirmó que el decomiso del oro podría ser apenas una parte de una estructura mayor vinculada al tráfico ilegal de minerales.
«Es solo la punta del iceberg», señaló, al pedir que las investigaciones lleguen hasta el último responsable.
Guarachi sostuvo que el proceso debe establecer cómo fue posible movilizar un cargamento de semejante valor económico y quiénes facilitaron su traslado hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru.
Fiscalización desde la Asamblea
El diputado Rafael López anunció que solicitará informes para conocer cada etapa de la investigación y verificar las actuaciones desarrolladas por las autoridades competentes. Afirmó que un cargamento de más de 100 kilos de oro difícilmente pudo haber sido trasladado por una sola persona.
«Solamente arrestaron a un niño de 20 años, pero él no va a ser Giman, no va a ser Hulk para transportar solito esos más de 100 kilos de oro; ha necesitado ayuda», declaró.
López también señaló que corresponde establecer quién emitió la guía utilizada para el transporte, quién verificó la documentación y por qué otras personas intervenidas durante el operativo ya no forman parte de las medidas cautelares.
Cuestionan controles institucionales
El abogado Jorge Durán manifestó que el proceso debe examinar la actuación de todas las entidades que participaron en el control del cargamento antes de su decomiso. Afirmó que la investigación no debería concentrarse únicamente en el transportista, sino reconstruir toda la cadena de responsabilidades.
«¿Cómo es posible que instituciones serias del Estado, que tienen que trabajar en beneficio de los bolivianos, permitan el contrabando?», declaró.
Asimismo, indicó que el oro incautado no debería ser devuelto mientras el proceso permanezca abierto y señaló que el contrabando del mineral ocasiona pérdidas económicas de gran magnitud para el país.
Investigación sin respuestas definitivas
El diputado Sergio Chávez coincidió en que la magnitud del cargamento obliga a profundizar las investigaciones para determinar quiénes organizaron la operación y quiénes facilitaron su desplazamiento desde Santa Cruz hasta el aeropuerto. El legislador sostuvo que también corresponde establecer si existieron autorizaciones, omisiones o participación de funcionarios durante el recorrido del mineral.
Las distintas observaciones formuladas por legisladores, dirigentes y el abogado coinciden en un mismo punto: esclarecer por qué un caso relacionado con un cargamento de oro valuado en cerca de 25 millones de dólares mantiene, hasta ahora, a una sola persona con detención preventiva mientras continúan las investigaciones sobre el resto de los presuntos involucrados.