La institución admitió explícitamente que sabía del funcionamiento irregular de comisarías de tránsito usadas para extorsionar.

La Policía Boliviana reconoció públicamente, mediante el comunicado emitidos desde su Comando, que estaba al tanto de comisarías de tránsito que funcionaban sin autorización, donde algunos efectivos extorsionaban a ciudadanos. Esta admisión confirma que la institución toleró durante años operaciones irregulares dentro de su propio sistema.

El Comando General había anunciado inicialmente el cierre inmediato de todas las comisarías de tránsito en el país, pero luego modificó la medida, limitándola únicamente a las unidades que operaban de manera irregular o vinculadas a hechos de extorsión. Las comisarías oficiales continúan funcionando, sin que se informe si sus responsables conocían o permitieron estas prácticas ilegales.

Según el Memorándum Circular Nro. 82, emitido por la autoridad policial, las divisiones de tránsito deben depender directamente de las direcciones departamentales y no operar de manera autónoma. La medida busca eliminar puntos de control ilegales y reforzar la transparencia del servicio, aunque no aclara la extensión del daño causado por la tolerancia institucional.

El comunicado de la Policía menciona que ningún efectivo puede cobrar coimas a la población ni entre miembros de la institución. Sin embargo, no se detallan sanciones, procesos administrativos o judiciales para los implicados en las comisarías irregulares