Las amenazas de captura contra sindicalistas y parlamentarios críticos provocaron indignación en sectores sociales que denuncian un intento del Gobierno por apagar las protestas y silenciar las voces disidentes.

La crisis política volvió a escalar tras la emisión de órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales y legisladores vinculados a las movilizaciones que se desarrollan en varias regiones del país. Sectores populares denunciaron que las acciones judiciales responden a una política de persecución impulsada desde el poder para frenar las protestas y generar temor entre quienes cuestionan al Gobierno.
El senador Nilton Condori confirmó que existe una instrucción de captura en su contra y aseguró que las autoridades buscan detenerlo por sus denuncias públicas dentro de la Asamblea Legislativa. El parlamentario sostuvo que las acusaciones surgieron luego de exigir reducción de salarios, eliminación de privilegios y cumplimiento de promesas realizadas durante la campaña electoral.
“El delito ahora es reclamar por el pueblo”, manifestó Condori al referirse al proceso abierto en su contra. El senador también afirmó que continuará participando de las denuncias y movilizaciones pese a las amenazas de aprehensión.
“No me van a hacer retroceder”, declaró el legislador, quien denunció que existe una intención de castigar a quienes expresan posiciones críticas frente a la situación económica y política del país. Según indicó, varios dirigentes sindicales y representantes sociales se encuentran bajo presión judicial por respaldar las protestas y bloqueos.
Entre los nombres involucrados aparece el dirigente Mario Argollo, uno de los referentes sindicales señalados en las investigaciones relacionadas con las movilizaciones. Organizaciones sociales consideran que el objetivo es debilitar la capacidad de organización de los sectores movilizados y frenar el crecimiento de las protestas.
El exejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, rechazó las órdenes de captura y acusó al Gobierno de responder con amenazas y presión judicial ante la incapacidad de resolver la crisis social.
“Con cárcel no se callará al pueblo”, afirmó Solares, quien advirtió que las medidas represivas podrían generar una reacción más fuerte en las calles. El exdirigente sostuvo que las organizaciones sindicales no abandonarán las movilizaciones mientras persistan la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida.
Solares también cuestionó la posibilidad de imponer un estado de excepción para contener las protestas. A su juicio, la utilización de medidas extremas agravaría el conflicto y aumentaría el rechazo ciudadano contra las autoridades nacionales.
En las últimas horas, distintos sectores sociales denunciaron que existe un clima de intimidación contra dirigentes, parlamentarios y activistas que respaldan las demandas populares. Las organizaciones movilizadas sostienen que el Gobierno intenta instalar miedo mediante procesos judiciales y amenazas de detención.