TSE advierte que intentar fusionar comicios regionales con selección de magistrados del TCP y TSJ viola plazos, eleva costos y pone en riesgo transparencia y legalidad electoral en el país.

Intentar realizar simultáneamente las elecciones subnacionales y la elección de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Bolivia es, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), completamente inviable. Los plazos legales, la complejidad de la selección de candidatos y la necesidad de procesos exclusivos imposibilitan combinar ambos comicios.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, explicó que la preselección de candidatos judiciales, competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), requiere varios meses de trabajo. “Si se convoca ahora, la Asamblea tendría diciembre, enero, febrero y marzo para seleccionar postulantes. Tres o cuatro meses son indispensables, mientras que la elección subnacional concluye el 22 de marzo. Por lo tanto, no se pueden empalmar los procesos”, aseguró.

Tahuichi subrayó que los comicios judiciales deben ser “exclusivos”, para evitar que la atención ciudadana y los recursos se vean dispersos. La Ley 026 del Régimen Electoral y la Constitución son claras: no se pueden realizar elecciones paralelas que superpongan calendarios. “La elección del Poder Judicial debe ser independiente, exclusiva y transparente. Mezclar procesos debilita el sistema y genera riesgos de legalidad”, afirmó.

El costo económico de intentar combinar ambos procesos también es significativo. Cada elección judicial parcial asciende aproximadamente a 200 millones de bolivianos. Bolivia ya realizó elecciones judiciales parciales en diciembre de 2024, por lo que repetir un proceso similar supondría un gasto adicional enorme, sin garantizar eficiencia ni cumplimiento de los plazos legales.

Actualmente, existen vacantes en el TCP de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija, y en el TSJ de Beni y Pando. Para resolver esta situación, Tahuichi propuso modificaciones a la Ley 025 y a la Ley 027, reduciendo de nueve a siete el número de magistrados en ambos tribunales. Esta medida permitiría mantener a los vocales actuales del TSJ y habilitar a los tres suplentes más votados del TCP en 2017 como titulares, evitando desfases de mandato y nuevos costos electorales.

“Con este ajuste legal, no se necesitarían elecciones adicionales. Solo se modifica el número de magistrados y se designa a los suplentes más votados de 2017 para completar el TCP. Esto asegura regularidad y ahorro de recursos”, explicó Tahuichi.

La urgencia de tomar decisiones se reflejó la semana pasada, cuando cinco magistrados prorrogados del TCP presentaron su renuncia y una sala constitucional en Potosí ordenó su cese inmediato. Esta situación evidencia que intentar superponer ambos procesos comprometería la organización, la legalidad y la transparencia del sistema electoral.

El TSE aprobó el calendario electoral para las elecciones subnacionales, con 16 actividades clave previas. Sin embargo, Tahuichi reiteró que la complejidad administrativa, los plazos y los costos hacen inviable la combinación con elecciones judiciales.