El exministro recupera su libertad tras más de dos años, mientras el Estado articula todos los instrumentos legales para su repatriación.

La tarde del viernes 20 de junio marcó un giro en el caso del exministro Arturo Murillo: ya no figura como detenido en registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Murillo fue beneficiado con arresto domiciliario electrónico, un grillete que monitorea sus pasos, lo que pone fin a su estancia en la cárcel federal y activa automáticamente el objetivo boliviano de su devolución formal.

Condenado hace más de dos años a 70 meses de prisión, Murillo fue procesado por corrupción vinculada a compras fraudulentas de gases lacrimógenos y material antidisturbios realizados entre 2019 y 2020.

El aparato judicial de EE.UU. determinó los cargos en enero de 2023, tras un juicio que incluyó confesiones de soborno y manejo ilegal de fondos públicos.

En las horas posteriores a su liberación, el activista Thomas Becker confirmó que Murillo ya no está en el sistema penitenciario; sin embargo, su ubicación, ¿un centro migratorio, una vivienda privada o ubicación desconocida?,permanece en reserva. Este silencio alimenta diversas versiones. Desde Bolivia, voceros de la Procuraduría y la Cancillería comunicaron que esperan su extradición, según los canales diplomáticos establecidos, apoyados por acuerdos bilaterales y normativas internacionales.

“Hemos sido claros: Murillo debe regresar”, afirmó un delegado de la Cancillería. Mientras tanto, la Procuraduría presentó informes detallados a las autoridades estadounidenses, aportando expedientes judiciales, documentación probatoria y la voluntad política de procesarlo ante las leyes nacionales. Bolivia confía en que estos antecedentes consolidan su solicitud.

El exministro es uno de los personajes más emblemáticos del proceso de transición tras Evo Morales. Su detención se interpretó como una señal clara contra la corrupción de altos niveles.