El exjuez Marcelo Lea Plaza fue hallado muerto en su vivienda en La Paz. Estaba implicado en el caso consorcio y su defensa denuncia persecución, torturas y abandono institucional.

El hallazgo del cuerpo sin vida del exjuez Marcelo Lea Plaza, en la zona sur de La Paz, generó un profundo impacto en el ámbito judicial y político del país. El exmagistrado, que permanecía bajo detención domiciliaria, fue encontrado muerto la mañana del domingo por sus familiares, quienes alertaron de inmediato a la Policía.

El personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen llegó al domicilio para realizar las pericias correspondientes y recoger evidencias. Aunque las causas del fallecimiento aún no fueron determinadas oficialmente, los investigadores manejan distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de un suicidio o de un hecho provocado.

Lea Plaza enfrentaba un proceso judicial complejo. Había sido acusado por presuntos delitos de tráfico de influencias, consorcio entre funcionarios judiciales y falsificación de documentos. Todo comenzó cuando, como juez de Coroico, emitió una resolución que suspendía del cargo a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira Rodríguez.

La abogada defensora del exjuez, Suleika Lanza, afirmó que su cliente fue víctima de un proceso plagado de irregularidades. Denunció públicamente que Lea Plaza había sufrido torturas y hostigamiento constante por parte de exautoridades del sistema judicial. “Marcelo no resistió la persecución. Había sido sometido a tratos crueles y psicológicamente quebrado”, señaló en una entrevista televisiva.

Según Lanza, la familia del exjuez había solicitado en varias ocasiones atención médica y revisión de las condiciones en las que cumplía su detención, sin obtener respuesta. “Él ya había advertido que su vida estaba en riesgo. Nadie lo escuchó”, expresó.

La magistrada suspendida, Fanny Coaquira, también lamentó el suceso y sostuvo que Lea Plaza había sido presionado para firmar la resolución que la apartó del cargo. En sus declaraciones anteriores, el exjuez había admitido haber actuado bajo influencia de “órdenes superiores”, que, según sus palabras, provenían de altos mandos del sistema judicial y del Ejecutivo.

El caso consorcio se convirtió en uno de los escándalos más sonados del último tiempo. La investigación reveló presuntas conexiones entre jueces, fiscales y funcionarios del Ministerio de Justicia para manipular fallos judiciales con fines políticos y personales.

Entre los implicados también figuran la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro, mencionada en supuestos mensajes filtrados donde habría instruido al exjuez sobre cómo fundamentar la destitución de Coaquira.

Asimismo, el exministro de Justicia, César Siles, cumple detención domiciliaria por su presunta participación en esa red judicial. Se le acusa de promover resoluciones para beneficiar a determinados funcionarios, entre ellos al suplente de Coaquira, Iván Campero.

El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Yvan Noel Córdova Castillo, también se encuentra procesado dentro del mismo expediente.

Hasta anoche, el Instituto de Investigaciones Forenses realizaba la autopsia legal para determinar la causa exacta del fallecimiento. La Policía continuaba recabando testimonios y pericias en el domicilio donde fue encontrado el cuerpo del exjuez.