El proyecto obtuvo respaldo suficiente tras una prolongada sesión parlamentaria. La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo en medio de posiciones enfrentadas sobre sus alcances.

La Cámara de Diputados concluyó la madrugada de este domingo el tratamiento del proyecto de Ley de Regulación de Estados de Excepción y procedió a su sanción, cerrando una sesión que se prolongó durante más de doce horas de trabajo legislativo.
La propuesta fue sometida a consideración del pleno en su fase de detalle y recibió 79 votos favorables. Con ese resultado, la iniciativa alcanzó la aprobación necesaria para completar su trámite en la Cámara Baja y ser enviada al Órgano Ejecutivo para los procedimientos correspondientes.
La sesión estuvo encabezada por el presidente de Diputados, Roberto Castro, quien dirigió el desarrollo de la jornada hasta la votación definitiva. La aprobación por dos tercios permitió que la norma avanzara a la siguiente etapa dentro del proceso institucional.
El proyecto generó distintas reacciones entre los legisladores. El diputado Manolo Rojas, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), expresó su satisfacción por la sanción de la ley y consideró que el Gobierno cuenta ahora con una herramienta legal para actuar frente a situaciones excepcionales. “Pido al presidente Paz que aplique el estado de excepción”, afirmó durante la sesión.
Desde la vereda opuesta, la diputada Claudia Herbas, de Alianza Popular, cuestionó la iniciativa y manifestó preocupación por los efectos que podría tener su aplicación. La legisladora sostuvo que la normativa abre la posibilidad de excesos por parte de las autoridades. “Esta Ley de Estados de Excepción es una carta blanca para abusos”, declaró.
La discusión se extendió durante gran parte del día anterior y la madrugada, con intervenciones centradas en los mecanismos que regularán la declaratoria y ejecución de estados de excepción dentro del país.
Una vez concluida la votación y formalizada la sanción legislativa, el texto fue remitido al Órgano Ejecutivo, instancia encargada de analizar su promulgación y eventual incorporación al ordenamiento jurídico nacional.