El vicepresidente Edman Lara afirmó que el Decreto Supremo 5552 lo convierte en subordinado del ministro José Luis Lupo. El Ejecutivo, mediante su vocera, sostiene que solo reorganiza funciones administrativas.
El vicepresidente del Estado, Edman Lara, declaró públicamente que el Decreto Supremo 5552 lo dejó sin capacidad operativa y lo colocó bajo la órbita del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Sus afirmaciones fueron realizadas ante medios de comunicación, donde sostuvo que la norma le impide contratar personal, firmar memorandos o disponer decisiones administrativas dentro de la Vicepresidencia.
“Prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo”, expresó Lara, al detallar que la nueva estructura lo obliga a canalizar gestiones a través del Ministerio de la Presidencia. Anunció que activará recursos constitucionales para resguardar lo que considera atribuciones definidas en la Constitución Política del Estado (CPE) para la Vicepresidencia. Señaló que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional para que se pronuncie sobre la legalidad del decreto.
El Gobierno respondió a través de la vocera presidencial, Carla Faval, quien rechazó que la norma convierta a Lupo en una autoridad jerárquica sobre el Vicepresidente. Afirmó que el Decreto 5552 establece una reorganización administrativa destinada a evitar duplicación de funciones y reducir costos estatales, en el marco de la política de austeridad vigente.
Según la explicación oficial, la Vicepresidencia recibirá apoyo funcional de unidades que, en materia administrativa, dependerán del Ministerio de la Presidencia. Entre ellas se encuentran la Jefatura de Gabinete, la Unidad Técnica de Apoyo, Comunicación y Protocolo, Archivo Legislativo, Gestión Legislativa y Asesoramiento Jurídico Legislativo. El decreto precisa que la dependencia es únicamente administrativa.
La norma también establece que las funciones legislativas desarrolladas por las unidades de Gestión y Relacionamiento Legislativo y de Asesoramiento Jurídico Legislativo serán ejercidas de forma independiente por la Vicepresidencia para tareas de asesoramiento. Además, dispone que la Vicepresidencia no contará con representaciones regionales o sectoriales propias.
El texto señala que la Unidad de Auditoría Interna y la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de la Presidencia ejercerán control sobre las actividades y el personal de la Vicepresidencia.




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