El vicepresidente denunció que ciudadanos participaron en acciones de despeje de rutas junto a fuerzas estatales y pidió que organismos internacionales realicen seguimiento a los hechos.

Las tensiones generadas por los recientes desbloqueos en distintos puntos del país sumaron un nuevo capítulo luego de que el vicepresidente Edmand Lara responsabilizara al presidente Rodrigo Paz por haber promovido la participación de civiles en estas operaciones.
A través de un comunicado público, la autoridad manifestó su desacuerdo con la forma en que se desarrollaron los operativos en Río Abajo, en el departamento de La Paz, y en San Julián, en Santa Cruz, donde se registraron enfrentamientos, personas heridas, arrestos y daños materiales.
Lara afirmó que las tareas destinadas a restablecer el libre tránsito deben estar exclusivamente a cargo de los organismos de seguridad del Estado. Por ello, observó la presencia de grupos civiles durante las intervenciones y consideró preocupante que algunas de estas personas hubieran participado portando artefactos explosivos.
“Lo sucedido en San Julián muestra un escenario que puede tener consecuencias graves para la población”, sostuvo el vicepresidente, quien además expresó su preocupación por las imágenes difundidas en medios y redes sociales, donde también se observan vehículos dañados y hechos de violencia.
En su pronunciamiento, Lara señaló directamente al mandatario nacional. “El presidente Rodrigo Paz convocó públicamente a los desbloqueos con participación de civiles”, indicó. A su juicio, una medida de esa naturaleza expone a la ciudadanía a situaciones de riesgo y genera mayores niveles de confrontación.
La autoridad también exhortó a la comunidad internacional a observar lo ocurrido. En ese marco, pidió a la prensa nacional e internacional, así como a la CIDH, la ONU y la OEA, documentar los acontecimientos registrados durante los operativos.
Finalmente, demandó que se suspenda de inmediato cualquier intervención de civiles en acciones de seguridad y recordó que la Constitución asigna a la Policía Boliviana la misión de preservar el orden público y proteger a la población. Según señaló, las diferencias derivadas de los conflictos sociales deben resolverse mediante mecanismos institucionales y no a través de escenarios de enfrentamiento entre ciudadanos.