Las faltas van desde irregularidades menores hasta conductas que podrían derivar en destituciones inmediatas.

El Consejo de la Magistratura emitió este lunes un informe que refleja la complejidad del panorama judicial en Bolivia. Según los datos presentados por su presidente, Manuel Baptista, al menos 230 jueces están involucrados en procesos disciplinarios activos. Esta cifra representa aproximadamente el 20% de la totalidad de jueces en ejercicio en el país.

El informe detalla que, entre los casos más delicados, 41 jueces están siendo procesados por faltas gravísimas. Estas implican, en muchos casos, haber actuado fuera de su competencia legal, lo cual puede derivar en su destitución. En paralelo, 105 jueces han sido sancionados por faltas graves y 21 por faltas leves. Nueve han perdido su cargo este año como resultado de estos procedimientos.

Baptista explicó que la aplicación de sanciones se rige por una normativa que considera la reincidencia como un factor clave. Así, tres faltas graves pueden traducirse en una falta gravísima, lo que podría derivar en la separación del cargo.

La labor fiscalizadora del Consejo se enmarca en un contexto de creciente presión ciudadana por lograr una justicia menos politizada, más transparente y eficaz. La institución reiteró su compromiso con una vigilancia permanente al interior del sistema judicial.