El presidente electo chileno eleva su discurso contra la migración irregular y responsabiliza a Bolivia y Perú por las rutas de ingreso, advirtiendo posibles sanciones si no cooperan en la devolución de expulsados.El conflicto en torno a la gestión de la migración irregular en Chile está escalando hacia un punto crítico con implicaciones diplomáticas que rebasan el ámbito interno. El presidente electo, José Antonio Kast, ha formulado una serie de declaraciones que vecinos como Bolivia y Perú perciben como autoritarias y potencialmente dañinas para la cooperación bilateral en materia de fronteras, comercio y seguridad.Kast ha centrado parte de su agenda política en la necesidad de frenar el ingreso de personas sin estatus migratorio regular, apuntando a las fronteras norteñas con Bolivia y Perú como puntos especialmente vulnerables a los cruces no autorizados. En un video difundido desde la región de Arica-Parinacota, el mandatario electo estableció un ultimátum para quienes se encuentran en situación irregular en Chile: “Les quedan días para salir voluntariamente; si no lo hacen, serán detenidos, retenidos y expulsados con lo que tienen puesto”. Asimismo, invitó a quienes entren irregularmente a regresar a los países por donde llegaron y a intentar ingresar solo por pasos habilitados y con documentación al día. La contundencia de estas señales ha generado reacciones inmediatas en los Estados vecinos. En Perú, el presidente José Jerí respondió con el anuncio de un estado de emergencia en provincias fronterizas con Chile, reforzando controles para impedir ingresos masivos desde el sur. La medida fue presentada como respuesta ante la perspectiva de posibles flujos de personas que, presionadas por las amenazas de expulsión chilenas, buscarían cruzar hacia territorio peruano. En el caso de Bolivia, aunque las declaraciones de Kast no estuvieron dirigidas expresamente a su gobierno en términos diplomáticos oficiales durante la campaña, sí incluyeron mensajes de confrontación política. El líder republicano se refirió repetidamente a las rutas de ingreso desde Bolivia y sugirió que la presión internacional y legal de su país podría intensificarse si La Paz “no coopera con el retorno de quienes entraron por pasos no habilitados”. En sus intervenciones, Kast llegó a afirmar que si Bolivia rechazaba recibir a migrantes que Chile decidiera expulsar, Chile podría adoptar medidas más severas, incluidas restricciones al comercio portuario que beneficia a la economía boliviana.Expertos en relaciones internacionales consideran que tales advertencias representan una forma de presión extraordinaria. Vincular obligaciones humanitarias y diplomáticas con consecuencias económicas pone en riesgo acuerdos históricos y puede afectar rubros clave de la cooperación económica. El comercio portuario entre Chile y Bolivia, aunque limitado por la falta de salida soberana al mar para Bolivia, sigue siendo esencial para el intercambio regional, y una amenaza de suspensión implicaría repercusiones logísticas y diplomáticas de largo plazo.La postura de Kast ha suscitado críticas incluso dentro de Chile. Un grupo de excancilleres manifestó preocupación por las propuestas del mandatario electo, advirtiendo que las iniciativas basadas en expulsiones masivas y amenazas de sanciones no solo contravienen compromisos internacionales de derechos humanos, sino que también pueden deteriorar las relaciones de Chile con Perú y Bolivia. Organizaciones de derechos humanos han señalado, además, que el uso de un discurso punitivo puede agravar condiciones de vulnerabilidad entre las personas migrantes y generar tensiones adicionales en zonas fronterizas ya sobrecargadas. La militarización de fronteras, la suspensión de derechos en zonas de control reforzado y la amenaza de sanciones económicas conforman un paquete de medidas que, para algunos analistas, podría poner a Chile en un curso de confrontación innecesaria con sus socios regionales.En Bolivia y Perú, la respuesta diplomática ha sido cauta pero firme en subrayar que los procesos de migración deben abordarse de manera cooperativa y respetuosa de los derechos humanos. Hasta ahora, ambos países han reiterado su disposición a dialogar sobre mecanismos conjuntos de gestión fronteriza, aunque rechazan la imposición de condiciones que dependan exclusivamente de la voluntad unilateral de Santiago.