La medida responde a la solicitud presentada por la Defensoría del Pueblo, mientras se realizan audiencias técnicas y públicas para evaluar impactos ambientales y garantizar participación de comunidades afectadas sur

El Juzgado Agroambiental de Entre Ríos determinó aceptar la solicitud de medidas cautelares ambientales presentada por la Defensoría del Pueblo y ordenó la paralización temporal del proyecto de perforación exploratoria Domo Oso X-3, perteneciente al bloque San Telmo Norte. La decisión fue confirmada por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien explicó que la suspensión estará vigente hasta contar con información suficiente para emitir una resolución definitiva.

El pozo se encuentra en la provincia O’Connor del departamento de Tarija, en un área cercana a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, reconocida por su biodiversidad y por ser una de las principales fuentes de agua para comunidades rurales del sur del país. La intervención judicial busca prevenir posibles daños ambientales mientras se analizan los antecedentes técnicos y administrativos del proyecto.

Entre las determinaciones adoptadas por la autoridad judicial se encuentra la programación de una audiencia de inspección técnica para el 9 de febrero de 2026. En esta instancia se verificará en el lugar el estado de las obras, el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la documentación presentada por la empresa operadora.

Asimismo, el juzgado convocó a una audiencia pública para el 13 de febrero de 2026. En este espacio participarán autoridades, representantes de la empresa, organizaciones sociales y habitantes de la región, quienes podrán exponer sus observaciones, preocupaciones y respaldos documentales sobre el proyecto. Estas audiencias permitirán evaluar de manera integral los aspectos ambientales, técnicos y procedimentales antes de una decisión final.

Callisaya informó también que se dispuso la incorporación de la empresa Petrobras como sujeto procesal necesario dentro del proceso, además de la notificación a las autoridades demandadas, partes y terceros interesados. Con ello se busca garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de todos los actores involucrados.

De forma complementaria, el juzgado solicitó a la Defensoría del Pueblo información sobre defensoras y defensores de derechos humanos vinculados a temas ambientales. Esta solicitud tiene el objetivo de considerar la adopción de medidas cautelares específicas para su protección, en caso de ser necesario.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la protección preventiva de los derechos humanos, el medio ambiente y el respeto al debido proceso”, señaló Callisaya al referirse a la actuación institucional.

El conflicto en la zona de Tariquía se intensificó en las últimas semanas tras el ingreso de Petrobras para iniciar trabajos exploratorios. Desde el Gobierno se aseguró que el proyecto cuenta con licencia ambiental, proceso de consulta previa y que el pozo se encuentra a más de un kilómetro de distancia de la reserva.