Las instituciones llamaron a deponer posiciones extremas, rechazar la violencia y construir acuerdos urgentes para evitar mayores daños a la población en medio del creciente conflicto social.

La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo expresaron su preocupación por el escenario de conflictividad que vive Bolivia y demandaron a las autoridades, organizaciones sociales y sectores movilizados asumir una actitud orientada al diálogo para encontrar soluciones a los problemas que afectan al país.
A través de un pronunciamiento conjunto, ambas instituciones señalaron que la actual coyuntura requiere decisiones responsables y una voluntad efectiva de concertación. En criterio de los firmantes, el deterioro del clima social obliga a priorizar mecanismos de entendimiento que permitan reducir las tensiones y evitar una profundización de los conflictos.
El documento enfatiza que la resolución de las diferencias debe producirse mediante el intercambio de ideas y la búsqueda de acuerdos. La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo sostienen que el diálogo constituye la herramienta más adecuada para alcanzar soluciones duraderas, preservar la convivencia democrática y fortalecer la cohesión social.
Las entidades remarcan que escuchar las demandas y preocupaciones de todos los actores involucrados resulta fundamental para construir consensos. Según el pronunciamiento, el entendimiento solo será posible si existe disposición para reconocer puntos de vista distintos y trabajar en propuestas que respondan al interés general.
En ese contexto, ambas instituciones exhortaron a los sectores enfrentados a abandonar posturas que dificulten el acercamiento. Consideran que mantener posiciones intransigentes no contribuye a resolver los problemas de fondo y termina prolongando la incertidumbre que afecta a miles de ciudadanos.
La declaración advierte que la ausencia de diálogo tiene consecuencias directas sobre la población, que enfrenta restricciones, dificultades económicas y una creciente preocupación por la evolución de los acontecimientos. Por ello, se insiste en la necesidad de generar espacios de encuentro que permitan avanzar hacia soluciones concretas.
Otro aspecto central del pronunciamiento es la condena a cualquier forma de violencia. La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo manifestaron que los enfrentamientos, la coerción y el uso de la fuerza no representan caminos legítimos para resolver controversias y, por el contrario, incrementan los niveles de división dentro de la sociedad.
Asimismo, alertaron que este tipo de acciones pone en riesgo derechos esenciales que deben ser protegidos sin excepción. Entre ellos mencionan la vida y la integridad de las personas, bienes fundamentales que no pueden verse comprometidos por disputas políticas o sociales.
Las instituciones también expresaron preocupación por las secuelas que puede dejar una confrontación prolongada. Señalan que las fracturas sociales generadas por los conflictos suelen extenderse en el tiempo y dificultan los procesos de reconciliación y reconstrucción de la confianza colectiva.
Frente a esta situación, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo ratificaron su disposición para acompañar iniciativas que favorezcan el acercamiento entre las partes. Ambas consideran que la construcción de puentes de comunicación es indispensable para restablecer la calma y encaminar soluciones mediante vías pacíficas.