El Ejecutivo retira toda participación acusatoria en los procesos por las muertes de 2019 y deja la responsabilidad total al sistema judicial, pese a reclamos de víctimas y organismos internacionales.

El Gobierno oficializó su retiro como parte acusadora en los casos Sacaba y Senkata, una decisión que marca un quiebre brusco en la conducción institucional de estos procesos vinculados a los hechos de violencia registrados durante el mandato transitorio de Jeanine Áñez. El anuncio fue realizado por el viceministro de Justicia, Marcelo García Delfín, quien afirmó que el Ejecutivo no asumirá más intervención directa, dejando la totalidad del avance y las decisiones en manos de jueces, vocales y magistrados.

García Delfín sostuvo que esta determinación responde a una política de “cero injerencia” en asuntos jurisdiccionales. De acuerdo con su explicación, la instrucción superior es clara: la administración de justicia debe operar sin influencias gubernamentales y con independencia plena. El viceministro subrayó que la participación del Ministerio de Justicia y de la Procuraduría General del Estado como acusadores quedó completamente descartada, pese a que fueron actores centrales en los primeros tramos de las investigaciones.

Los procesos por Sacaba y Senkata fueron remitidos al camino del juicio de responsabilidades tras un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que identificó irregularidades en la vía ordinaria a través de la cual se inició la acusación contra Áñez. Ese giro procesal anuló lo actuado previamente, generando frustración entre las víctimas y sus familiares, quienes habían seguido de cerca los avances logrados antes de las elecciones generales.

La nueva situación judicial provocó una reacción inmediata: las víctimas volvieron a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que consideran un retroceso grave en la búsqueda de justicia. Sostienen que el cambio de jurisdicción truncó el trabajo investigativo ya realizado y abrió un escenario que podría dilatar indefinidamente la resolución del caso.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la CIDH, había presentado en 2023 un informe con recomendaciones capitulares que exigían reparación integral y garantías de no repetición. No obstante, las decisiones adoptadas desde 2025 encendieron alertas internacionales. Tanto la CIDH como la Oficina Regional de la ONU Derechos Humanos manifestaron su preocupación al considerar que las víctimas corren el riesgo de quedar sin respuestas judiciales efectivas.

La renuncia del Gobierno a su rol acusador deja el futuro de los casos totalmente en manos del sistema judicial, que ahora carga con la responsabilidad plena de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. Organizaciones de familiares exigen que la justicia actúe con firmeza y sin más dilaciones, mientras expertos advierten que cualquier nuevo estancamiento profundizará la percepción de impunidad.