La anulación del impuesto a las grandes fortunas se suma a un paquete fiscal que reducirá el gasto estatal, reorganizará pagos pendientes y reconfigurará el sistema tributario en plena etapa de ajustes.

El Ejecutivo profundizó su giro económico con la decisión de suprimir el impuesto a las grandes fortunas, acompañado por la eliminación de otros tres tributos que, según las autoridades, obstaculizaban el desempeño del sector privado y provocaban efectos adversos sobre la inversión. La medida, presentada este martes por el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, redefine la estructura tributaria boliviana y desplaza nuevamente el debate hacia quién asume la carga fiscal en un contexto de ajustes.

Paz sostuvo que el impuesto a las grandes fortunas desencadenó la retirada de más de 2.000 millones de dólares en inversiones, redirigidas hacia países vecinos donde las condiciones tributarias resultan más favorables. Afirmó que dicho gravamen “nunca aportó un beneficio real” al país y, en cambio, generó un clima de desconfianza que restó impulso a varios emprendimientos estratégicos. Con ese argumento, justificó que la supresión del tributo forma parte de un paquete de “señales urgentes” destinadas a revertir la fuga de capitales.

Espinoza, al detallar la magnitud de las medidas, remarcó que los cuatro impuestos eliminados no llegaban a representar más del 1% de la recaudación fiscal. Sin embargo, aseguró que su impacto negativo era significativo debido a contradicciones normativas y complejidades administrativas que dificultaban el normal funcionamiento de actividades comerciales. En particular, subrayó que el impuesto a las grandes fortunas no cubría ni los costos administrativos de su recaudación, generando “más peso burocrático que beneficio económico”.

El Gobierno también anunció modificaciones sustanciales al Presupuesto General del Estado 2026. Enviará de inmediato a la Asamblea Legislativa un proyecto que habilite su revisión hasta febrero, con el mandato de reducir el gasto fiscal en al menos un 30%. De acuerdo con Espinoza, ese ajuste equivale a cuatro puntos porcentuales del PIB y obligará a redimensionar instituciones públicas, recortar gastos corrientes y reordenar programas gubernamentales que dependen de transferencias estatales.

El panorama se complejiza por la deuda acumulada que arrastra el Estado desde 2023. Existen obligaciones pendientes por 7.000 millones de bolivianos, de los cuales 5.000 millones no fueron correctamente registrados en los sistemas oficiales. Este desorden administrativo generó retrasos prolongados y múltiples reclamos. El Ejecutivo informó que en los próximos días convocará a los acreedores para renegociar pagos, priorizando las obligaciones con mayor tiempo de retraso. Paralelamente, el Ministerio de Economía publicará de manera diaria todos los desembolsos estatales, con el fin de reforzar la transparencia en el manejo de recursos.

Aunque el Gobierno defiende la medida como un incentivo para recuperar confianza y atraer inversiones, la eliminación del impuesto a las grandes fortunas introduce un problema evidente: libera de una obligación fiscal a quienes concentran el mayor patrimonio, desplazando el esfuerzo tributario hacia otros sectores en un momento de austeridad. El tributo había sido concebido para asegurar progresividad y evitar que los capitales más voluminosos se acumulen sin una contribución proporcional al bienestar colectivo.