GOBIERNO FRENA PRESIÓN POR LEY 50/50 Y POSTERGA DECISIÓN

marzo 5, 2026

El presidente Rodrigo Paz afirmó que la redistribución 50/50 requiere reformas estructurales profundas y anunció que será discutida con nuevas autoridades subnacionales. En paralelo, el Senado rechazó tratar el proyecto impulsado por Branko Marinkovic.


La discusión sobre la redistribución equitativa de los recursos públicos volvió a tensar el escenario político nacional. El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, marcó distancia con las presiones para aprobar de inmediato la propuesta conocida como “50/50” y dejó claro que el tema no se resolverá únicamente con un cambio en la asignación presupuestaria.
Durante una declaración pública realizada en Sucre, el mandatario sostuvo que la iniciativa implica transformaciones profundas en el funcionamiento del Estado. “El ‘50-50’ tiene que tener metodología. La voluntad del Gobierno es dialogar, pero sobre todo generar una cultura de confianza. Es un cambio estructural, no es solo repartir recursos”, afirmó el jefe de Estado.
Las palabras del presidente representaron una respuesta indirecta a las presiones políticas surgidas desde sectores regionales, particularmente desde Santa Cruz de la Sierra, donde autoridades y líderes cívicos impulsan una redistribución inmediata de los ingresos generados por las regiones. En ese escenario, Paz también respaldó la postura expresada días antes por la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien había advertido que la implementación del modelo podría tomar desde pocos días hasta varios años debido a su complejidad institucional.
El presidente insistió en que el Ejecutivo optará por discutir el tema con las autoridades que resulten elegidas en las próximas elecciones subnacionales. “La política del Gobierno es conversar con quienes asuman responsabilidades en las gobernaciones y alcaldías. Se necesita una responsabilidad compartida para reformar sistemas como salud, educación y administración pública”, declaró.
La posición del Ejecutivo supone un golpe político para el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien promovió públicamente el debate sobre la redistribución de recursos en favor de las regiones productoras. El mandatario nacional sugirió que el análisis debe realizarse con nuevas autoridades que emerjan de las urnas y que asumirán responsabilidades administrativas en los próximos meses.
Mientras el Ejecutivo plantea cautela, la propuesta también encontró resistencia dentro del Legislativo. El proyecto de ley presentado por el senador Branko Marinkovic sufrió un freno en el pleno de la Cámara de Senadores de Bolivia, que rechazó la solicitud para tratar la iniciativa mediante dispensación de trámite.
El legislador expresó su molestia tras la votación y denunció falta de voluntad política para discutir la norma. “Pedimos la dispensación del trámite, pero lamentablemente diputados y senadores de distintas bancadas no quisieron tratar el tema”, declaró en conferencia de prensa.
El senador fue más allá al cuestionar la postura de varios parlamentarios y del propio Gobierno. “Hemos presentado una ley seria y se han rehusado a debatirla. Algunos dicen que podría aplicarse en dos días, dos semanas o diez años. ¿Eso es lo que quieren, postergar el desarrollo de las regiones?”, reclamó.
La solicitud para debatir el proyecto fue presentada por la senadora Kathia Quiroga, pero la mayoría del pleno rechazó el procedimiento excepcional. El intento apenas consiguió cinco votos de respaldo, lo que impidió su tratamiento inmediato.
Ante el bloqueo legislativo, Marinkovic anunció que buscará respaldo en instituciones regionales. “Voy a llevar la ley al Comité pro Santa Cruz para que también se pronuncien. Este es un tema que debemos decidir en casa si realmente queremos autonomía”, afirmó.
La iniciativa legislativa plantea modificar la estructura actual de distribución del gasto público en Bolivia para que el 50% de los recursos generados en cada departamento permanezca en la región donde se producen. Sus promotores sostienen que la medida permitiría fortalecer la inversión en infraestructura, salud, educación y empleo en los territorios productores.

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