Tras la eliminación del polémico DS 5503, el Ejecutivo promulga nuevas normas excepcionales para garantizar combustibles, estabilizar mercados y reactivar la economía durante un año en todo el país

El Gobierno nacional reafirmó su decisión de seguir administrando la crisis energética y económica a través de decretos supremos, con la reciente promulgación del Decreto Supremo 5517. La norma, firmada por el presidente Rodrigo Paz Pereira y su gabinete, fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado, documento que respalda su validez legal.

La medida surge después de la abrogación del Decreto Supremo 5503, cuestionado por sectores sociales y jurídicos por presuntas irregularidades y posibles contradicciones con la Constitución. Según un comunicado oficial del Ministerio de Justicia, el retiro de la norma buscó garantizar un marco legal claro y ajustado a derecho, permitiendo al Ejecutivo adoptar medidas urgentes en beneficio de la población.

El DS 5517 declara “Emergencia Energética y Social” en todo el país por un año. Su objetivo principal es asegurar el suministro continuo de combustibles, mantener la operatividad del sistema energético y reactivar la producción en diferentes sectores afectados por la escasez de dólares y las restricciones en importaciones, según consta en el texto oficial.

Durante un acto oficial en Casa Grande del Pueblo, el ministro de Hidrocarburos y Energías explicó que el decreto responde a datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que evidencian retrasos en la importación de diésel y gasolina. “Contamos con información que muestra caídas significativas en el abastecimiento. No podíamos esperar más para tomar medidas”, aseguró la autoridad, respaldado por cifras institucionales.

Entre las disposiciones clave, el decreto autoriza a personas naturales y jurídicas privadas a importar, comercializar y vender derivados del petróleo a precio de importación o pre-terminal. Para acceder a esta posibilidad, deberán contar con capacidad de almacenamiento propia o alquilada y respetar el principio de libre acceso y no discriminación a la infraestructura del sector, tal como establece la normativa.

Otra medida importante es la suspensión temporal del diésel como sustancia controlada. De acuerdo con el Viceministerio de Defensa Social, se elimina por un año la obligación de obtener autorización previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas. El objetivo es garantizar el abastecimiento oportuno para transporte, producción, agroindustria y otros sectores estratégicos.

Asimismo, la Aduana Nacional confirmó la retirada provisional de la subpartida arancelaria correspondiente al diésel, facilitando su importación. Esta institución, junto a la ANH y otras entidades, deberá ajustar sus procedimientos internos en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Paralelamente, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías tiene un plazo de quince días hábiles para reglamentar el acceso no discriminatorio a la infraestructura energética. Fuentes oficiales indicaron que esta reglamentación será comunicada a transportistas, productores y representantes del sector privado para garantizar transparencia y control.

El presidente Paz Pereira reiteró que la utilización de decretos es un mecanismo constitucional válido ante situaciones excepcionales. “Nuestro compromiso es brindar certidumbre a la ciudadanía y proteger la estabilidad del país”, afirmó durante un acto público transmitido por medios estatales.