La movilización que partió desde Pando llegó a Caranavi, sumó respaldo de organizaciones sociales, incorporó nuevos contingentes indígenas y activó anuncios de bloqueos, mientras aumenta la presión nacional.

La marcha indígena y campesina que salió desde el norte del país continúa avanzando hacia la ciudad de La Paz y ya alcanzó Caranavi, donde fue recibida en la madrugada de este domingo por organizaciones sociales, transportistas y vecinos que decidieron acompañar la protesta. La columna, que inició su recorrido en Pando y sumó participantes desde Beni, muestra ahora un crecimiento sostenido tanto en número como en respaldo territorial.
El ingreso a Caranavi se produjo tras más de dos semanas de caminata. Los marchistas llegaron con signos visibles de desgaste físico, pero también con una presencia más amplia que en los primeros días. En el lugar, la población organizó puntos de recepción con alimentos, bebidas calientes y espacios de descanso, mientras dirigentes locales expresaban su adhesión a la demanda.
“Estamos con la frente en alto, este apoyo nos da más fuerza para seguir hasta La Paz”, señalaron los movilizados durante su paso por el municipio yungueño. La consigna central no se ha modificado desde el inicio: la anulación total de la Ley 1720.
Los dirigentes sostienen que la norma afecta directamente la propiedad de la tierra en comunidades indígenas y campesinas, además de haber sido aprobada sin consulta previa. Durante la concentración, uno de los representantes lanzó un mensaje directo al Ejecutivo: “Señor presidente, si usted se siente incapaz de solucionar los problemas, váyase del país”. La declaración fue respaldada por los asistentes, reflejando el clima que rodea la movilización.
A lo largo del recorrido, la marcha ha ido incorporando nuevos sectores. Desde el departamento del Beni se organiza una columna de aproximadamente 300 indígenas que busca alcanzar a la movilización principal. Participan delegaciones del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano, el Territorio Indígena Multiétnico, el TIPNIS y comunidades de Bella Selva, además de representantes de pueblos Mojeño, Yuracaré, Tsimane y Movima.
Antes de iniciar su desplazamiento, los nuevos contingentes participaron en un acto religioso en San Ignacio de Mojos. Luego de la ceremonia, partieron con la intención de unirse a los marchistas que ya se encuentran en territorio paceño. “Estamos listos para ir a la marcha”, afirmó el dirigente Armando Sabi, quien además solicitó garantías para la seguridad de los participantes.
Desde la dirigencia de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni, Víctor Yva ratificó la decisión de movilizarse. “Vamos a marchar porque el Gobierno mantiene actitudes que van en contra de los territorios y de los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo, al explicar que la Ley 1720 genera preocupación en comunidades con procesos de saneamiento de tierras.
El desgaste físico de los marchistas es uno de los aspectos más evidentes. “Son 18 días de marcha, hemos dejado a nuestras familias, hay compañeros con ampollas, ya no pueden caminar”, relató uno de los participantes. A pesar de estas condiciones, la decisión de continuar se mantiene sin cambios.
“Le decimos al Gobierno que no vamos a claudicar, vamos a seguir en la lucha”, reiteraron los dirigentes durante su paso por Caranavi, descartando cualquier posibilidad de retroceder sin una respuesta concreta a su demanda.
El respaldo local también se tradujo en medidas de presión. Organizaciones sociales y sectores del transporte del norte paceño confirmaron que desde las cero horas del lunes se iniciará un bloqueo de caminos en apoyo a la marcha y a otras demandas sociales. “El pueblo está sufriendo, vamos a cerrar las carreteras”, señaló un dirigente regional.
Además de la anulación de la Ley 1720, los movilizados incorporaron otros reclamos vinculados a la situación económica, como la calidad del combustible y el incremento del costo de la canasta familiar. Estos factores, según los dirigentes, han profundizado el malestar en las comunidades.
ACUERDO GOBIERNO CIDOB ES CONSIDERADA DE TRAICIÓN A LOS INDÍGENAS
En paralelo al crecimiento de la movilización, el Gobierno firmó un acuerdo con dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) que no participan en la marcha.
El documento establece la incorporación de un nuevo artículo a la Ley 1720 mediante un proyecto que será remitido a la Asamblea Legislativa. Según las autoridades, la iniciativa busca atender las observaciones planteadas sin necesidad de anular la norma.
En la firma participaron el presidente Rodrigo Paz, el ministro Oscar Mario Justiniano y el dirigente Lino Illimuri. El Ejecutivo sostiene que el acuerdo es resultado de reuniones previas y que apunta a resguardar derechos territoriales.
Sin embargo, la marcha rechaza ese entendimiento. Los dirigentes que avanzan hacia La Paz sostienen que no fueron consultados y que quienes firmaron el documento no representan a las bases movilizadas.
Durante su paso por Caranavi, los marchistas reiteraron que no aceptarán modificaciones parciales. “No vamos a claudicar”, insistieron, remarcando que la única salida es la abrogación total de la ley.
La columna tiene previsto retomar su recorrido en las próximas horas. Desde Caranavi restan más de 160 kilómetros hasta la ciudad de La Paz, donde se prevé la llegada en los próximos días.
Con nuevas incorporaciones, respaldo social y medidas de presión activadas, la movilización avanza con mayor volumen y mantiene su objetivo intacto mientras se aproxima a la sede de gobierno.