La Resolución Ministerial 0001/2026 define prohibiciones, criterios de evaluación, horarios y actividades, prioriza lectura, escritura y aprendizaje efectivo, regula uniformes y pensiones en unidades educativas del país.

El 2 de febrero marca el inicio oficial de la gestión escolar 2026 en Bolivia, cuando estudiantes de todos los niveles regresan a las aulas bajo el cumplimiento obligatorio de la Resolución Ministerial 0001/2026, documento normativo emitido por el Ministerio de Educación que establece las directrices y obligaciones de las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio. La normativa busca asegurar el cumplimiento de 200 días hábiles de clases, garantizar procesos pedagógicos uniformes y promover la calidad educativa en todo el territorio nacional.
El calendario escolar establece que las clases se desarrollarán desde este martes hasta el 2 de diciembre, mientras que el cierre administrativo de la gestión está previsto para el 11 de diciembre. Las vacaciones de invierno tendrán una duración de diez días hábiles, programadas por las Direcciones Distritales y Departamentales de Educación en coordinación con autoridades de salud y considerando factores climáticos y regionales. Esta planificación pretende organizar de manera uniforme el ciclo escolar, evitando interrupciones que puedan afectar el avance académico de los estudiantes.
Uno de los cambios más relevantes de la nueva normativa es la prohibición absoluta del uso de teléfonos celulares en las aulas, tanto para alumnos como para docentes. La medida, respaldada por evaluaciones internas del Ministerio, busca reducir distracciones y fortalecer la atención durante las clases, asegurando que los recursos educativos sean aprovechados en su totalidad. Las autoridades destacan que esta medida será monitoreada en todas las unidades educativas y forma parte de un conjunto de acciones destinadas a mejorar la eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En el ámbito pedagógico, la resolución establece que la lectura en papel y la escritura a mano serán prácticas obligatorias en todas las asignaturas. El Ministerio de Educación justifica esta disposición en estudios que evidencian deficiencias en comprensión lectora y expresión escrita de estudiantes de diferentes niveles. Se implementará además una campaña nacional de promoción de estas competencias básicas, con el objetivo de fortalecer habilidades esenciales para el desarrollo académico y cognitivo de los alumnos.
El Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular también ha sido modificado, definiendo que el componente “Ser” tendrá 10 puntos, “Saber” 45 puntos, “Hacer” 40 puntos y “Autoevaluación” 5 puntos. Esta estructura permite una evaluación integral que considera conocimientos, destrezas prácticas y actitudes de los estudiantes, con el fin de garantizar un seguimiento equilibrado de su desempeño académico y personal.
La normativa delimita además las actividades extracurriculares, permitiendo únicamente aquellas que estén incorporadas en el Plan Operativo Anual (POA) de cada unidad educativa. Ferias, eventos deportivos o culturales fuera del plan formal solo podrán realizarse si cuentan con una justificación pedagógica explícita. Esta disposición elimina actividades no vinculadas al currículo y asegura que los esfuerzos docentes se concentren en el aprendizaje efectivo de los estudiantes.
El Plan de Desarrollo Curricular para docentes también ha sido actualizado, exigiendo una planificación clara y detallada de cada unidad temática. Los programas de enseñanza deben incluir objetivos precisos, estrategias metodológicas definidas y mecanismos de evaluación alineados con los criterios oficiales. Las Direcciones Distritales y Departamentales de Educación supervisarán la implementación de estas nuevas exigencias, garantizando uniformidad y calidad en los procesos de enseñanza.
En materia económica, las pensiones escolares en colegios privados permanecerán congeladas hasta marzo, según lo dispuesto por una comisión integrada por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas y la ANDECOP. Esta medida busca proteger a las familias ante posibles incrementos y garantizar que el inicio del año escolar no se vea afectado por la situación económica nacional. La comisión evaluará la posibilidad de ajustes posteriores en función de la evolución de la economía y la política salarial.
La resolución establece que el uso de uniformes no será obligatorio, y que las instituciones no podrán exigir la adquisición de prendas escolares de proveedores específicos. Esta medida busca eliminar cargas económicas adicionales para las familias y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, evitando que los costos del uniforme se conviertan en una barrera para la asistencia escolar.
Respecto a los materiales educativos, no se publicarán nuevos textos oficiales durante la gestión 2026, debido a los cambios en lineamientos curriculares. Los docentes podrán recomendar recursos adicionales, siempre que estos no generen gastos significativos para las familias. Esta disposición garantiza que el acceso a materiales de estudio sea equitativo y que el aprendizaje no dependa de inversiones adicionales por parte de los padres o tutores.
Las direcciones de unidades educativas y autoridades distritales y departamentales deben garantizar la actualización, armonización y seguimiento de los currículos regionalizados. La finalidad es mantener coherencia entre contenidos, estrategias pedagógicas y evaluación, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de su ubicación, accedan a un aprendizaje estandarizado y de calidad.
En cuanto a actividades fuera del aula, todas las excursiones, viajes de servicio social y actividades deportivas requerirán autorización explícita de los padres de familia, del director de la unidad educativa y del director distrital. La normativa prohíbe que los viajes de promoción sean organizados por las escuelas; estos solo podrán planificarse de manera independiente por los padres, sin vínculo ni financiamiento institucional. Esta medida garantiza la seguridad de los estudiantes y la pertinencia educativa de las actividades realizadas fuera del establecimiento.
En línea con la protección del derecho a la educación, la resolución prohíbe la suspensión, expulsión o exclusión de estudiantes por retrasos en el pago de pensiones. Este mandato asegura que los problemas económicos familiares no interfieran en el acceso a clases, evaluaciones y demás actividades curriculares, promoviendo igualdad de oportunidades en todas las unidades educativas.
La Resolución Ministerial 0001/2026 consolida un marco normativo claro, estricto y uniforme que abarca la disciplina en el aula, la evaluación, la planificación docente, los costos educativos y la equidad de acceso. Todas las disposiciones están respaldadas por el Ministerio de Educación, y su cumplimiento es obligatorio en instituciones fiscales, privadas y de convenio a partir del inicio de la gestión escolar 2026.