El Ejecutivo activó un severo ajuste energético con alzas inmediatas, compensaciones diferidas y cambios regulatorios, defendidos como inevitables para enfrentar la crisis heredada y garantizar abastecimiento nacional en todo Bolivia.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira puso en marcha un gasolinazo de aplicación inmediata que eleva de manera drástica los precios de los combustibles en Bolivia y marca un giro contundente en la política económica del Estado. La decisión, comunicada en mensaje oficial con la presencia de todo el gabinete ministerial, establece incrementos que alcanzan el 86,1% en la gasolina especial y hasta el 163% en el diésel, con impacto directo en el presupuesto diario de millones de familias.

El ajuste fue formalizado mediante un decreto supremo que fija nuevos precios por un periodo inicial de seis meses. Según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Hidrocarburos, el litro de gasolina especial pasó a costar Bs 6,96, la gasolina premium Bs 11 y el diésel Bs 9,80. La norma incorpora además la exclusión del diésel de la lista de sustancias controladas, una medida orientada —según el Ejecutivo— a facilitar las importaciones y asegurar el reabastecimiento del mercado interno.

La reacción ciudadana no se hizo esperar. En las horas previas a la entrada en vigencia del decreto, miles de personas acudieron a estaciones de servicio en distintas ciudades para abastecerse, provocando extensas filas y una demanda inusual. Ante la incertidumbre generada por el anuncio, numerosos surtidores suspendieron temporalmente la venta al público, lo que agudizó la tensión y reactivó escenas de desabastecimiento que parecían superadas.

Desde el Gobierno, el gasolinazo fue presentado como una decisión ineludible. El presidente Paz sostuvo que Bolivia enfrenta una crisis profunda heredada de gestiones anteriores, a las que responsabilizó de haber deteriorado la economía y vaciado las finanzas públicas. En ese contexto, afirmó que el “sinceramiento” de los precios de los hidrocarburos es un paso necesario para dar certidumbre al sistema energético y evitar un colapso mayor.

Junto al incremento de los combustibles, el Ejecutivo anunció un paquete de medidas sociales que comenzará a aplicarse recién a partir del 2 de enero de 2026. Entre ellas, se confirmó el aumento del salario mínimo nacional en un 16,1%, que pasará de Bs 2.750 a Bs 3.300. De acuerdo con la información oficial, este monto se mantendrá vigente hasta finales de 2026, cuando se realizará una nueva evaluación con participación de trabajadores y empresarios.

También se dispuso el incremento de la Renta Dignidad para personas mayores de 60 años, que subirá de Bs 350 a Bs 500, y del Bono Juancito Pinto para estudiantes, que pasará de Bs 200 a Bs 300. Ambos beneficios entrarán en vigencia en 2026 y forman parte de la estrategia gubernamental para amortiguar, de manera diferida, el impacto del encarecimiento general de la economía.

A estas disposiciones se suma la creación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad, destinado a padres, madres y tutores que no cuentan con aportes contributivos. El programa prevé pagos de Bs 200 cada cuatro meses, hasta un máximo de Bs 600 al año, lo que equivale a Bs 50 mensuales. El presidente enfatizó que esta asistencia no constituye asistencialismo, sino un respaldo puntual a familias que, según afirmó, quedaron en situación de extrema vulnerabilidad.

En el plano financiero, el Gobierno anunció además un régimen extraordinario de repatriación de capitales, con una tasa impositiva del 0% para quienes traigan recursos del exterior y los inviertan en actividades productivas en Bolivia. La medida excluye explícitamente capitales vinculados al narcotráfico, al terrorismo y a la corrupción, y apunta a recuperar liquidez en un contexto de restricciones económicas.

El discurso presidencial cerró con un diagnóstico severo del estado del país. Paz Pereira afirmó que Bolivia atraviesa la peor crisis económica, financiera, social y ambiental de su historia y utilizó un lenguaje directo para justificar la dureza del ajuste. “Bolivia está enferma. La arrasaron como en la guerra. Nos saquearon como país y nos dejaron solos”, sostuvo ante el país.