La Gestora Pública consolida la recuperación de la rentabilidad del sistema previsional y encara la restitución del dinero invertido por las AFP en el intervenido Banco Fassil, con respaldo legal, garantías operativas y acciones judiciales.

En un contexto de dudas sobre la sostenibilidad de los fondos de pensiones en América Latina, Bolivia muestra resultados alentadores bajo la administración directa del Estado. A poco más de dos años del retiro definitivo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo presentó cifras que marcan un antes y un después en el manejo de los aportes laborales.
Según el gerente general de la entidad estatal, Jaime Durán, el fondo del Sistema Integral de Pensiones (SIP) alcanzó los 196.519 millones de bolivianos al 30 de junio de 2025, lo que representa un incremento del 19% respecto al monto heredado de las AFP, que cerraron su gestión en mayo de 2023 con Bs 164.969 millones.
Pero lo más destacado no es solo el crecimiento en volumen, sino el aumento del rendimiento financiero. A junio de este año, el rendimiento del fondo alcanzó el 4,33%, un salto significativo frente al 2,7% que promediaban las AFP en sus últimos meses. Este avance no es menor: significa que los aportes generan más utilidades, lo que en el futuro se traducirá en mejores pensiones para los trabajadores bolivianos.
“El objetivo es que haya más dinero para las jubilaciones, y lo estamos logrando”, afirmó Durán en conferencia de prensa. La administración estatal, aseguró, “cumple con la normativa, diversifica las inversiones y prioriza la seguridad de los aportes”.
EL FANTASMA DE FASSIL Y LAS HERENCIAS DE LAS AFP
Sin embargo, uno de los temas que aún genera debate es la inversión que realizaron las AFP en el quebrado Banco Fassil. Según el informe oficial, antes de su salida, las AFP colocaron Bs 10.458 millones del fondo de pensiones en depósitos a plazo fijo (DPF) y cuentas del mencionado banco, que fue intervenido por la ASFI en abril de 2023.
Durán explicó que ya se han recuperado Bs 1.800 millones, y que el resto del dinero se irá reponiendo conforme venzan los plazos pactados en los DPF. “Así funciona el sistema financiero. Un DPF a 10 años se cobra al vencimiento del plazo”, señaló.
Además, destacó que estas inversiones contaban con garantías operativas y respaldo institucional. Por un lado, la cartera del ex Banco Fassil fue transferida a nueve bancos del sistema, con un valor de Bs 3.022 millones. Por otro, se activó un fideicomiso con el Banco Unión por Bs 5.019 millones, que también respalda la recuperación.
Durán aclaró que, salvo una fracción de 200 millones de bolivianos, cuya restitución se encuentra en proceso judicial, el resto está plenamente asegurado. “Estamos cumpliendo todas las acciones legales para que esos fondos vuelvan al SIP. No hay riesgo sistémico”, aseguró.
UNA GESTIÓN TRANSPARENTE Y RESPALDADA POR LA LEY
El gerente recordó que las inversiones en Fassil fueron realizadas entre 2009 y 2021, bajo la vigilancia de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS). De hecho, la propia AFP Previsión BBVA había señalado que los fondos del SIP son indivisos, imprescriptibles e inafectables, y gozan de privilegio legal sobre cualquier otra deuda, por lo que deben ser los primeros en recuperarse.
La Ley 065 de Pensiones y la Ley 393 de Servicios Financieros brindan el marco jurídico para garantizar la devolución de los recursos en caso de intervención bancaria.

Mientras tanto, la Gestora Pública continúa administrando con éxito un sistema que ya suma más de 28.400 millones de dólares, en base al tipo de cambio oficial. A pesar de los obstáculos políticos, técnicos y legales heredados, los resultados comienzan a consolidar una nueva etapa en la seguridad social del país.