La intención del Gobierno de modificar parcialmente la Constitución y aprobar nuevas leyes económicas despertó preocupación en sectores sociales que exigen preservar el control estatal sobre riquezas estratégicas.

La propuesta del presidente Rodrigo Paz para impulsar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado provocó una nueva reacción de rechazo en sectores sociales y organizaciones afines al expresidente Evo Morales, que consideran que los cambios podrían abrir paso a intereses privados sobre recursos estratégicos del país.
El anuncio fue realizado durante el Encuentro Nacional desarrollado en Cochabamba, donde Paz confirmó la creación de una comisión abierta para debatir modificaciones constitucionales junto a un paquete de leyes relacionadas con inversiones, minería, electricidad, autonomías y reducción de trámites estatales.
Durante su intervención, el mandatario aseguró que el propósito es dar mayor capacidad de decisión a alcaldías y gobernaciones para impulsar proyectos económicos en las regiones. “Para que lo local, la ciudad, los gobiernos departamentales puedan salir adelante”, expresó al justificar las reformas planteadas por el Ejecutivo.
Paz afirmó que el actual modelo administrativo limita el desarrollo regional y sostuvo que las nuevas normas permitirán agilizar inversiones y mejorar la gestión pública. Entre las propuestas mencionó una nueva Ley de Electricidad, una Ley de Inversiones, reformas en minería y medidas para facilitar trámites digitales y administrativos.
Sin embargo, las declaraciones encontraron inmediata respuesta desde el ampliado de “Evo Pueblo”, donde Morales pidió defender la actual Constitución y recordó que fue aprobada mediante voto popular. El exmandatario señaló que la Carta Magna vigente garantiza la soberanía sobre los recursos naturales y protege programas sociales financiados por el Estado.
“Esa Constitución, la única Constitución aprobada con el voto del pueblo en 200 años, tiene que ser respetada y vamos a hacer respetar”, manifestó Morales ante dirigentes y organizaciones sociales.
El líder cocalero sostuvo además que la actual Constitución impide que empresas transnacionales controlen directamente sectores extractivos. “Por Constitución las transnacionales no pueden estar en la parte extractiva de los recursos naturales”, afirmó, al advertir que varias de las normas promovidas desde el Ejecutivo serían incompatibles con los principios establecidos en la Carta Magna.
La preocupación también comenzó a extenderse en organizaciones campesinas y sectores sindicales que recuerdan experiencias de privatización registradas antes de la nacionalización de hidrocarburos y la aprobación de la Constitución vigente. Para estos sectores, cualquier modificación relacionada con inversiones o minería debe analizarse con cuidado debido a su impacto sobre recursos estratégicos.
Morales también defendió el modelo económico implementado durante su gestión y señaló que bonos y programas sociales tienen respaldo constitucional. Según afirmó, alterar esos artículos podría afectar políticas destinadas a redistribuir ingresos y sostener ayudas sociales para sectores populares.
Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de modernizar normas y descentralizar competencias, dirigentes sociales cuestionan que las reformas se presenten en medio de una crisis económica y creciente presión por atraer capital privado.