Una jornada marcada por enfrentamientos, heridos y arrestos refleja la tensión política en torno a la figura de Evo Morales y las próximas elecciones.

Cochabamba vivió este martes un día convulso debido a los bloqueos promovidos por sectores afines al expresidente Evo Morales. La situación escaló en violencia, dejando como saldo 13 efectivos policiales heridos y al menos 15 personas aprehendidas, según el informe presentado por el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

De acuerdo con la autoridad, los bloqueadores utilizaron artefactos explosivos, piedras y petardos durante los enfrentamientos con la fuerza pública. Esta arremetida, según Ríos, responde al intento del evismo por imponer la candidatura de Morales de cara a las elecciones generales del próximo 17 de agosto, además de obstaculizar el normal desarrollo del proceso democrático.

La jornada, calificada por el Gobierno como “una acción planificada y violenta”, generó preocupación no solo por los actos vandálicos, sino también por la agresión directa contra el personal policial que intentaba desbloquear caminos y garantizar la libre circulación.

Uno de los hechos más graves reportados fue el secuestro de una mujer policía en medio de los disturbios. El ministro de Gobierno confirmó que la víctima fue retenida por los bloqueadores, pero que fue rescatada posteriormente tras una operación de la Policía. Actualmente, se encuentra recibiendo atención médica por las lesiones sufridas durante su captura.

Ríos condenó la violencia ejercida por los manifestantes e hizo un llamado al Ministerio Público para que actúe de manera inmediata y aplique las sanciones que corresponden en contra de los autores materiales e intelectuales de los disturbios. “Nadie está por encima de la ley, y la Policía tiene el mandato de hacerla cumplir”, enfatizó el ministro.

El trasfondo político de estas movilizaciones ha sido señalado con claridad por las autoridades. Ríos afirmó que el objetivo de los bloqueos no es otro que forzar la habilitación de Evo Morales como candidato, en contraposición a las disposiciones institucionales vigentes. Desde el oficialismo se interpreta esta estrategia como un intento de desestabilización deliberada que pone en riesgo la paz social.

Por otro lado, el comandante general de la Policía, general Augusto Russo, reveló que desde el 20 de mayo se han llevado a cabo operativos específicos para evitar que material explosivo llegue a manos de los manifestantes. En cuatro intervenciones distintas, la Policía logró incautar 41.100 fulminantes, 777 cartuchos de dinamita, 555 dispositivos detonantes preparados con mecha y más de 500 metros de mecha lenta. La mayoría de este arsenal fue hallado en el departamento de La Paz, otro de los epicentros del conflicto.

Russo expresó su alarma ante el hallazgo, asegurando que el volumen del material confiscado sugiere que estaba destinado a alimentar los focos de protesta promovidos por seguidores del exmandatario. “Estamos hablando de insumos que pueden provocar graves daños, tanto a las personas como a las infraestructuras del país”, señaló.

El Gobierno, en coordinación con la Policía, advirtió que no permitirá que la violencia se imponga como mecanismo de presión política. En ese marco, se ratificó que todos los actos de sabotaje y agresión serán enfrentados con el uso proporcional de la fuerza y con las herramientas legales correspondientes.

Mientras tanto, sectores sociales afines al MAS continúan movilizados en distintas regiones del país, exigiendo la habilitación de Morales como candidato presidencial. Sin embargo, la creciente tensión y la radicalización de las medidas ponen en entredicho la posibilidad de resolver el conflicto mediante el diálogo.

La ciudadanía, en tanto, sufre las consecuencias de esta confrontación: rutas bloqueadas, servicios paralizados y un clima generalizado de incertidumbre a poco más de dos meses de los comicios. Las autoridades llaman a la calma y a respetar el estado de derecho, mientras se refuerzan las tareas de inteligencia y vigilancia en zonas conflictivas.