La CEPB respalda la eliminación de subvenciones a combustibles para equilibrar finanzas públicas, pero alerta que el incremento del salario mínimo afecta a mipymes y la estabilidad del empleo formal.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un comunicado oficial respecto al Decreto Supremo 5503, promulgado por el presidente Rodrigo Paz, cuyas medidas económicas ya impactan directamente en diversos sectores del país. La CEPB adoptó una posición diferenciada: apoyo a la eliminación de subvenciones a los combustibles, pero rechazo al aumento del salario mínimo nacional.

Según el documento, la medida de suprimir la subvención a los carburantes busca reducir el déficit fiscal, ordenar las finanzas públicas y enfrentar el contrabando de combustibles, que representa un daño tangible a la economía nacional. La CEPB reconoció que el ajuste de precios tendrá efectos complejos sobre la actividad económica y los consumidores, pero subrayó que se trata de una acción necesaria para estabilizar la economía frente a la crisis vigente.

El pronunciamiento empresarial también destacó otras disposiciones del Decreto Supremo 5503, calificándolas como una base para la recuperación y reactivación económica del país. La Confederación señaló que estas decisiones deben complementarse con medidas normativas y administrativas adicionales que eliminen barreras para los sectores productivos y permitan resultados sostenibles en el mediano plazo.

En contraste con su respaldo al gasolinazo, la CEPB expresó preocupación por el incremento del salario mínimo nacional, que pasó a 3.300 bolivianos tras un aumento del 20%. La Confederación advirtió que esta decisión, adoptada de manera unilateral, tendrá un impacto negativo significativo en la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, además de poner en riesgo la generación y sostenibilidad del empleo formal en todo el país.

El comunicado exhortó a las organizaciones sociales y representativas a actuar con cautela y responsabilidad para evitar que la coyuntura económica se agrave. La CEPB recalcó que las medidas estructurales son imprescindibles, pero deben aplicarse de manera equilibrada para no trasladar de manera desproporcionada los costos sobre los sectores productivos ni sobre los trabajadores.

Asimismo, la Confederación recordó que la crisis económica tiene responsables concretos y que la impunidad no puede prevalecer. Instó a las instituciones públicas a acelerar las acciones legales correspondientes y a asegurar que todas las decisiones se ajusten al marco de la ley y al Estado de Derecho.

Finalmente, la CEPB señaló que las consecuencias de la crisis no deben recaer únicamente sobre la ciudadanía. Subrayó la necesidad de que los funcionarios públicos y los actores políticos den señales claras de responsabilidad, prudencia y capacidad de gestión, en un escenario donde las decisiones del Ejecutivo ya se perciben con fuerza en hogares, mercados y empresas en todo el país.