Las reformas impulsadas por el presidente Nayib Bukele consolidan un sistema judicial que priva de libertad a miles de salvadoreños sin sentencia, bajo la promesa de erradicar las pandillas para siempre.

Con datos de EL PAÍS de España

El primero de junio, mientras tomaba posesión para un nuevo mandato, el presidente Nayib Bukele pronunció una frase que marcaría el rumbo de su gobierno: “No los vamos a liberar ya, ni nunca”. Se refería a las casi 90.000 personas encarceladas bajo el régimen de excepción que su administración mantiene desde marzo de 2022. Con esas palabras, el mandatario selló una promesa de control absoluto sobre el sistema penal salvadoreño, una promesa que, meses después, se materializó en reformas legales aprobadas por la Asamblea Legislativa bajo su dominio político.

A mediados de agosto, el Parlamento dio luz verde a una modificación exprés de ocho artículos de la Ley Contra el Crimen Organizado, extendiendo los plazos de detención preventiva hasta siete años antes de una sentencia. La medida fue presentada como una “modernización judicial” por el fiscal general Rodolfo Delgado, quien la calificó como la “reforma procesal más importante del siglo”. Pero detrás del lenguaje jurídico y las promesas de eficacia, se esconde una realidad más dura: miles de salvadoreños podrían pasar gran parte de su vida tras las rejas sin que se haya probado su culpabilidad.

“Este no es un sistema que busca justicia, sino castigo”, advierte Zaira Navas, abogada y exinspectora general de la Policía Nacional Civil, hoy parte de la organización Cristosal. “Lo que se ha creado es una maquinaria que procesa personas, no delitos. Y quienes más sufren son los inocentes”.

La justicia suspendida

El régimen de excepción, instaurado oficialmente en marzo de 2022, nació como respuesta a una ola de homicidios atribuida a las pandillas. La Constitución salvadoreña permite su aplicación por 30 días, pero el Ejecutivo lo ha prorrogado 41 veces consecutivas. Cada renovación ha venido acompañada de reformas legales que amplían el poder del Estado y reducen las garantías de los ciudadanos.

Con las últimas modificaciones, la Fiscalía dispone ahora de hasta cinco años para presentar una acusación formal, y los procesos judiciales pueden extenderse dos años más. En la práctica, esto implica que un detenido puede pasar siete años en prisión preventiva, sin que exista una sentencia en su contra. Además, los juicios colectivos —en los que se agrupan cientos o miles de acusados bajo una misma causa— son cada vez más frecuentes.

Para organismos internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, el nuevo marco legal consolida un modelo autoritario disfrazado de política de seguridad. “Se ha invertido la carga de la prueba: ahora los ciudadanos deben demostrar su inocencia ante un Estado que presume su culpabilidad”, señala un informe de HRW publicado este año.

Historias detrás de los números

Jonatan, un joven de 28 años, es uno de los 88.750 capturados desde que comenzó el régimen. Su madre, Ana, aún guarda su ropa limpia y los zapatos junto a la cama. “Fue detenido mientras almorzaba en un comedor. La policía arrestó a todos los presentes porque dos pandilleros estaban allí”, cuenta en una llamada telefónica. Desde entonces, no ha vuelto a verlo.

Ana gasta alrededor de 150 dólares mensuales en paquetes de comida e higiene que envía a la cárcel. Ha vendido su motocicleta, sus muebles y parte del terreno donde vive para pagar abogados. “Ya tuve tres, y ninguno ha logrado nada. Solo me dicen que espere, que el caso está en revisión”.

Como ella, miles de familias viven pendientes de audiencias que nunca llegan. En barrios populares, madres y esposas han organizado redes de apoyo para compartir información y alimentos. En algunos casos, los familiares de los detenidos han sido amenazados si denuncian públicamente las irregularidades.

El Socorro Jurídico Humanitario, una organización que brinda asistencia legal, documenta más de 6.000 denuncias de detenciones arbitrarias. “El patrón es el mismo: los capturan por denuncias anónimas o por actitudes que los agentes consideran sospechosas, como mirar hacia abajo o ponerse nerviosos”, explica una de sus abogadas, que pide reserva de su identidad por seguridad.

Un Estado con jueces a medida

El avance del régimen no solo se apoya en leyes más duras, sino también en el control del aparato judicial. En 2021, la Asamblea Legislativa —ya dominada por el oficialismo— aprobó la jubilación obligatoria de todos los jueces mayores de 60 años, una medida que permitió al gobierno nombrar a 168 nuevos magistrados afines.

“Se trata de una purga institucional”, afirma un exmagistrado de la Corte Suprema, hoy exiliado en Costa Rica. “Los jueces saben que si fallan contra los intereses del Ejecutivo, pueden ser despedidos o incluso encarcelados”.

Esa advertencia no es simbólica. Bukele ha llegado a decir en transmisiones oficiales que ciertos jueces deberían estar “en una celda junto a los criminales” si liberan a sospechosos. El mensaje ha surtido efecto: pocos se atreven a desafiar la línea presidencial.

La guerra sin fin

El discurso del gobierno se sostiene en una narrativa simple y poderosa: la seguridad a cualquier precio. Bukele asegura haber reducido la tasa de homicidios en un 98%. En redes sociales, sus seguidores celebran la aparente tranquilidad de los barrios antes dominados por pandillas. Pero los analistas advierten que ese éxito tiene un costo altísimo en derechos humanos.

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, reconoce que unas 3.000 personas han sido liberadas bajo libertad condicional, aunque los procesos judiciales continúan. Esto significa que apenas el 3% de los detenidos ha recuperado parcialmente su libertad. El resto sigue en prisión, muchos sin contacto con sus familias ni acceso a defensa adecuada.

Organizaciones como Cristosal y Amnistía Internacional han denunciado más de 400 muertes en cárceles desde el inicio del régimen. En varios casos, los cuerpos presentaban signos de violencia o desnutrición. Sin embargo, el gobierno ha declarado la información sobre seguridad como “secreto de Estado”, impidiendo la verificación independiente.

“Los detenidos viven en condiciones inhumanas. Hay cárceles con hacinamiento del 250% y sin acceso regular a agua o atención médica”, detalla un informe reciente de Amnistía. “Es un sistema que normaliza la tortura y la muerte”.

Entre la promesa y la incertidumbre

En junio, semanas después de asegurar que los detenidos “nunca” serían liberados, Bukele escribió en su cuenta de X que “más de la mitad” está en programas de rehabilitación y será liberada “en un par de años”. Acompañó su mensaje con una imagen del villano de Marvel, Thanos, con la leyenda: “Reduje el crimen en un 98%”. La comparación no pasó desapercibida: el personaje sacrifica a la mitad de la población para salvar al mundo.

“Esa metáfora es escalofriante”, dice la socióloga Celia Medrano, especialista en derechos humanos. “Es la visión de un líder que concibe la justicia como sacrificio colectivo. Para él, los inocentes que mueren o permanecen presos son un daño colateral aceptable”.

El mensaje también refleja la ambigüedad del gobierno sobre el futuro de los detenidos. Mientras el presidente asegura que serán “reinsertados”, las reformas legales indican lo contrario: permiten juicios prolongados, procesos sin término definido y la posibilidad de reabrir causas cerradas.

El costo humano del miedo

En las comunidades donde antes dominaban las pandillas, muchos habitantes celebran el silencio de las balas. Pero otros, especialmente quienes han perdido familiares por detenciones injustas, sienten que viven bajo otro tipo de terror. “Antes temíamos a los mareros; ahora, a la Policía”, dice un joven vendedor ambulante de Soyapango.

Ese clima de miedo también ha alcanzado a los medios de comunicación. Varios periodistas que investigan abusos del régimen han sido acosados o vigilados. Las redacciones enfrentan presiones directas, y las fuentes judiciales se niegan a hablar.

“Es difícil reportar sobre el régimen cuando todo está cubierto por el secreto oficial”, explica un corresponsal de El País en San Salvador. “El gobierno controla la narrativa y presenta su versión como única verdad. Pero detrás de esa propaganda hay miles de vidas suspendidas”.

Un país detenido

El Salvador atraviesa un momento decisivo. La “guerra contra las pandillas” ha transformado radicalmente su estructura institucional, concentrando el poder en manos del Ejecutivo. Mientras tanto, miles de ciudadanos esperan una justicia que parece cada vez más lejana.

Ana, la madre de Jonatan, sigue esperando noticias. Cada mes, viaja cuatro horas para dejarle un paquete en la cárcel. “No sé si él va a salir. Pero no puedo dejar de esperar”, dice. Su voz se quiebra. “Dicen que estamos más seguros. Pero yo no. Yo tengo miedo todos los días”.

En su casa, la cama sigue tendida, los zapatos alineados junto a la puerta. Un testimonio silencioso de un país donde la esperanza, como la justicia, ha sido puesta en prisión preventiva.