El nuevo precio para grandes consumidores provoca rechazo de sectores que advierten mayores costos, mercado negro, dificultades productivas y presión sobre los precios de alimentos.

El Decreto Supremo 5676 provocó una nueva ola de cuestionamientos contra el Gobierno después de establecer en Bs 18 por litro el precio del diésel para grandes consumidores y compradores directos de YPFB. Transportistas, productores agropecuarios, avicultores, cañeros y organizaciones campesinas expresaron su rechazo y advirtieron que la medida puede trasladarse a los costos de producción, transporte y comercialización.
La norma establece un esquema diferenciado para la adquisición del combustible. Mientras algunos consumidores pueden acceder al diésel a Bs 9,80 bajo las condiciones fijadas por el Gobierno, los grandes consumidores y quienes realicen compras directas a YPFB deberán pagar Bs 18 por litro.
El incremento y la diferencia entre ambas tarifas generaron cuestionamientos por parte de sectores que aseguran necesitar grandes volúmenes de combustible para desarrollar sus actividades. A las críticas por el precio se suma la preocupación por una eventual reventa del diésel adquirido a menor costo y su posterior comercialización en el mercado paralelo.
La expresión “Dieselazo” comenzó a ser utilizada por dirigentes y autoridades para describir la medida. El vicepresidente Edmand Lara fue uno de los primeros funcionarios en emplearla públicamente.
“En las calles, en los mercados, en el campo, tiene otro nombre y se llama Dieselazo”, afirmó.
LARA CUESTIONA LA DECISIÓN Y PIDE DEJARLA SIN EFECTO
El vicepresidente sostuvo que el aumento del combustible tendrá consecuencias que no estarán limitadas a quienes compran diésel directamente. Según explicó, el carburante forma parte de las actividades vinculadas al transporte y la producción.
“Nos llega a todos en el precio del pan, en el precio de la leche y en el precio del pasaje”, manifestó.
Lara cuestionó además la ausencia de una consulta previa con los sectores que utilizan mayores cantidades de combustible.
“Una decisión tan grande no se toma a escondidas. No se la toma en una noche sin sentarse con el pueblo”, sostuvo.
El vicepresidente mencionó a transportistas, campesinos y microempresarios entre los sectores que, a su criterio, debieron participar antes de la aprobación del decreto.
“Gobernar es escuchar primero. Y aquí se decidió primero y se avisó después. Eso no es justo”, afirmó.
También cuestionó el argumento de que el incremento no necesariamente repercutirá sobre los precios finales. “En economía no existe la palabra debería. La palabra debería no sirve”, señaló.
Como alternativa, Lara propuso suspender el decreto y convocar a una mesa con representantes del Gobierno, transporte, productores y trabajadores. También planteó una auditoría y mayores controles contra el contrabando.
PRODUCTORES TEMEN UN AUMENTO DE LOS COSTOS
El sector agropecuario considera que el nuevo precio puede afectar directamente las actividades productivas. La Asociación Nacional de Avicultores cuestionó especialmente la existencia de dos precios para un mismo combustible.
Su presidente, Omar Castro, advirtió sobre el riesgo de que el diésel comprado a Bs 9,80 sea posteriormente revendido a precios cercanos a Bs 18.
“Va a haber diésel que van a sacar a 9,80 por debajo y se lo va a vender hasta 18 bolivianos en el mercado negro”, afirmó.
Castro señaló que el incremento afectará a pequeños, medianos y grandes productores y pidió al Gobierno revisar la medida.
La Cámara Agropecuaria del Oriente también rechazó el decreto. Su presidente, Klaus Frerking, cuestionó el sistema de precios diferenciados y alertó sobre sus posibles consecuencias.
“La aplicación de precios diferenciados es un incentivo al agio, a la especulación, al mercado negro y a la corrupción”, afirmó.
Frerking sostuvo que el sector agropecuario utiliza aproximadamente el 16% del diésel nacional y que ese combustible resulta necesario para sostener la producción de alimentos.
“Los productores agropecuarios no nos hacemos responsables del desabastecimiento de alimentos que pueda presentarse por esta causa”, advirtió.
La organización anunció un congreso extraordinario para analizar la situación y definir las acciones que asumirá el sector.
EL TRANSPORTE PESADO QUEDA ENTRE LOS PRINCIPALES AFECTADOS
Los dirigentes del transporte pesado cuestionaron que los niveles de consumo de sus vehículos puedan llevarlos a pagar la tarifa más elevada.
Pedro Quispe explicó que los transportistas que realizan recorridos nacionales e internacionales necesitan grandes cantidades de diésel y rechazó las condiciones establecidas por el Gobierno.
“Es un engaño este decreto para nosotros”, afirmó.
El dirigente señaló que un transportista puede consumir alrededor de 2.000 litros mensuales, dependiendo de sus recorridos, por lo que el precio de Bs 18 representa un incremento significativo para sus operaciones.
Juan Yujra también reclamó por el nuevo esquema y pidió que el Gobierno explique con precisión cómo se aplicarán los límites de consumo.
“Le mienten al pueblo, salen con discursos diferentes, al final no sabemos lo que está pasando”, sostuvo.
Los transportistas también cuestionaron que el Gobierno no haya resuelto las dificultades de abastecimiento que ya se registraban antes de la aprobación del DS 5676.
LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS COMIENZAN A MOVILIZARSE
El rechazo al decreto pasó de los pronunciamientos a las protestas. Productores de la provincia Ichilo realizaron una marcha y protagonizaron un bloqueo esporádico en la carretera Santa Cruz-Cochabamba.
Uno de los productores afirmó que la movilización fue convocada para expresar una “disconformidad total” con la decisión gubernamental.
El sector sostuvo que no aceptará el precio de Bs 18 para el combustible destinado a sus actividades productivas.
En Tarija, organizaciones campesinas anunciaron una marcha para este jueves 20 de agosto y el inicio de una huelga de hambre. Las medidas fueron planteadas en rechazo a la crisis económica y al incremento del precio del diésel.
Los productores cañeros también exigieron que el DS 5676 sea dejado sin efecto. La Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia planteó además establecer un precio adecuado para el etanol y pagar la deuda pendiente por la compra del biocombustible.
El sector pidió también liberar las exportaciones para generar divisas y facilitar la importación de vehículos Flex Fuel con tecnología brasileña.
OPOSICIÓN ADVIERTE EFECTOS SOBRE LAS FAMILIAS
Desde la Asamblea Legislativa también surgieron cuestionamientos. La senadora del PDC Ana María Crispín calificó el incremento como una “subida sorpresa” y cuestionó que el Gobierno haya adoptado la decisión sin una socialización previa.
La legisladora advirtió que el aumento puede repercutir sobre el transporte, la logística y los precios de los productos.
Tomasa Yarhui, jefa de bancada de Libre, calificó la medida como un “gran golpe a la producción boliviana” y cuestionó que el problema de los combustibles continúe sin una solución después de nueve meses.
“En nueve meses no hay solución a este problema tan delicado y gravísimo”, afirmó.
Rafael López, también jefe de bancada de Libre, cuestionó la política aplicada por el Ejecutivo y relacionó el incremento de los carburantes con un eventual aumento de los precios de los productos.
“Al incrementarse el combustible, ya sea el diésel o la gasolina, esto va a generar que se incremente la canasta familiar”, señaló.
El exdiputado Wilman Cardozo también cuestionó el desempeño de las autoridades mientras el país enfrenta dificultades económicas, escasez de dólares y problemas de abastecimiento de combustibles.
La aplicación del DS 5676 deja así una disputa abierta entre el Gobierno y los sectores que dependen de grandes volúmenes de diésel. Mientras las autoridades defienden una estructura diferenciada de precios, productores y transportistas reclaman por el costo de Bs 18, cuestionan la falta de concertación y advierten sobre las consecuencias que puede tener la medida en sus actividades.