La aprehensión de un subteniente de la Policía Boliviana por su presunta participación en la muerte de dos comunarios en Cotapachi consolidó un punto de quiebre en la investigación que sacudió a Cochabamba. La medida fue ejecutada por el Ministerio Público luego de reunir elementos que lo vinculan con los disparos ocurridos durante un operativo de desbloqueo, en medio de un conflicto territorial que llevaba semanas acumulando tensión.

El episodio se registró durante la ejecución de una orden judicial que instruía permitir el ingreso de camiones al botadero de Cotapachi. Lo que estaba previsto como un operativo de acompañamiento terminó desbordado por enfrentamientos directos entre pobladores movilizados y efectivos policiales. En medio del caos, dos personas perdieron la vida, hecho que provocó consternación en las familias afectadas y una fuerte reacción social en la región.

Los datos preliminares de la Fiscalía Departamental de Cochabamba establecieron que las víctimas, Pablo P. M. y Sinforiano C. C., fallecieron a causa de impactos de arma de fuego. A partir de testimonios, registros audiovisuales y pericias técnicas, los investigadores lograron individualizar al subteniente como el presunto autor de los disparos. Tras su declaración formal, en la que reconoció haber utilizado su arma, el uniformado fue aprehendido dentro de los márgenes del debido proceso.

El subteniente también resultó herido durante los disturbios. Fue sometido a una cirugía para la extracción de 18 esquirlas, que habrían sido provocadas por el disparo de una escopeta. Su estado de salud es estable, pero permanece internado bajo custodia permanente, sin acceso a funciones operativas, mientras avanza la investigación. Las autoridades confirmaron que todas las diligencias se realizan con control judicial.

En el lugar de los hechos, los peritos levantaron 16 vainas servidas, de las cuales 13 serían compatibles con armas calibre 9 milímetros y tres con munición de escopeta. También se recolectaron restos de artefactos explosivos, petardos, dinamita y objetos contundentes, lo que evidenció la alta letalidad del enfrentamiento. Este material fue remitido al Instituto de Investigaciones Forenses, donde se realizan pruebas balísticas para establecer la correspondencia entre las armas utilizadas y las heridas que causaron las muertes.

De manera paralela, el Ministerio Público abrió dos procesos penales diferenciados. El primero investiga delitos vinculados a la tenencia y portación ilegal de armas, asociación delictuosa, organización criminal e instigación pública a delinquir. El segundo proceso está enfocado en el delito de homicidio por las dos muertes registradas en Cotapachi. En el marco de estas investigaciones, se confirmó la aprehensión de nueve personas que habrían participado activamente en los disturbios.