Las filas de vehículos se multiplican en las ciudades, los transportistas paralizan rutas y el comercio se resiente. En ese escenario, el gobierno decide abrir un canal exclusivo de importación de combustibles para las sedes diplomáticas y otro de abastecimiento prioritario para servicios esenciales, en una jugada que busca sostener el tablero internacional sin desactivar el conflicto interno.

Las normas permiten que embajadas y consulados importen combustible por cuenta propia y que hospitales, cuarteles y servicios de agua potable accedan a puntos de venta móviles, mientras el resto del país enfrenta un racionamiento severo que ya completa varias semanas.
La Paz. — La noche del viernes 19 de junio, el Palacio de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial dos decretos que modifican el escenario de distribución de combustibles en Bolivia. Las normas, firmadas por el presidente Rodrigo Paz Pereira y su gabinete, establecen mecanismos diferenciados para garantizar el suministro de carburantes a las misiones diplomáticas extranjeras y a las instituciones declaradas de primera línea, en un contexto marcado por los conflictos sociales que han paralizado parcialmente la logística de abastecimiento interno.
El Decreto Supremo 5635 autoriza la importación directa de combustibles líquidos para las misiones diplomáticas, misiones especiales, consulados y organismos internacionales acreditados en el país. La norma ampara esta medida en los artículos 360 y 361 de la Constitución, que definen la política de hidrocarburos y otorgan a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el control de la cadena productiva, pero introduce una excepción por la existencia de conflictos sociales que afectan el suministro regular.
La autorización, según el texto legal, tiene un carácter excepcional y temporal. Las misiones diplomáticas que deseen acogerse a esta disposición deberán presentar una declaración jurada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este requisito, único para iniciar el trámite, contrasta con la maraña burocrática que deben sortear los importadores privados en circunstancias normales. Una vez presentada la declaración, la Cancillería remitirá la solicitud a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a YPFB y, cuando corresponda, al Viceministerio de Defensa Social, para obtener las autorizaciones pertinentes.
El documento soporte para el despacho aduanero será la declaración de importación, acompañada de la factura comercial, el parte de recepción y las autorizaciones previas. La disposición final del decreto establece que, en el marco de los tratados internacionales, estas importaciones estarán exentas de tributos, un beneficio que no aplica para ningún otro importador de carburantes en el país.
El Decreto Supremo 5634 aborda el otro flanco de la crisis: el abastecimiento de las instituciones de primera línea. La norma clasifica como tales a aquellas entidades públicas o privadas que prestan servicios esenciales, entre los que se incluyen salud, atención de emergencias, gestión de residuos sólidos, agua potable y alcantarillado, energía, seguridad y defensa del Estado. Para este sector, el gobierno habilita puntos de venta móvil a través de cisternas de YPFB o contratadas por la estatal petrolera, que transportarán combustibles destinados exclusivamente al consumo propio institucional.
La disposición permite también que las instituciones de primera línea retiren combustible desde las plantas de almacenaje de hidrocarburos líquidos, por un volumen máximo de 4.999 litros por operación. Este mecanismo, previa autorización del Ente Regulador, busca asegurar que hospitales, cuarteles y servicios de emergencia no se vean afectados por el desabastecimiento que ya golpea a la población general.
El artículo sexto del decreto 5634 pone en manos del Ente Regulador la zonificación y determinación de volúmenes para la comercialización de gasolinas y diésel en bidones, tambores u otros envases aptos. La resolución administrativa que deberá emitirse en el plazo de tres días hábiles fijará los límites por zona, con un tope de cinco litros por día y 120 litros mensuales en el territorio nacional, y 50 litros mensuales en zonas fronterizas. Estos criterios deberán basarse en factores técnicos como niveles de demanda, disponibilidad de combustibles y condiciones de seguridad para prevenir el desvío y el acopio indebido.
La publicación de estos decretos se produce después de semanas de tensiones en el sector de hidrocarburos. Los transportistas del país han mantenido bloqueos intermitentes en varias rutas troncales, reclamando la provisión regular de diésel y la estabilización de los precios de los carburantes. Los productores del oriente boliviano, por su parte, han advertido sobre el riesgo de desabastecimiento en el sector agropecuario, que depende del combustible para la cosecha de soya y otros granos de exportación.
El gobierno nacional ha optado por una estrategia de doble vía: mantener los canales diplomáticos en funcionamiento y asegurar la operatividad de los servicios básicos, mientras busca soluciones de fondo para la crisis estructural del sector de hidrocarburos. Sin embargo, los decretos han generado reacciones encontradas. Dirigentes sindicales del sector fabril y del transporte manifestaron su desacuerdo con lo que calificaron como un trato preferencial a las misiones extranjeras, en un momento en que los bolivianos enfrentan dificultades para acceder a un bien de primera necesidad.
El presidente Paz Pereira y su gabinete se reunieron en la víspera en el Palacio Quemado para ultimar los detalles de estas disposiciones. La firma del ministro proyectista del decreto 5634, Carlos Pedro Marcelo Blanco Quintanilla, junto a la de los titulares de las carteras de Justicia, Defensa, Minería, Planificación, Trabajo, Desarrollo Productivo, Obras Públicas, Culturas, Medio Ambiente y la Presidencia, selló el documento que abroga el Artículo 4 del Decreto Supremo 5313, de enero de 2025.
Los ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Hugo Aramayo; de Economía, José Luis Lupo; y de Hidrocarburos, Marco Antonio Oviedo Huerta, suscribieron el decreto 5635, que entrará en vigor desde su publicación y que requerirá de una comunicación oficial a todas las representaciones diplomáticas acreditadas en el país.
La Cancillería, a través de su Dirección de Protocolo, será la encargada de notificar a las embajadas y consulados sobre el nuevo procedimiento. Fuentes diplomáticas consultadas indicaron que las misiones extranjeras han seguido con atención el desarrollo de la crisis de combustibles en Bolivia y han manifestado su preocupación por las restricciones que afectan su movilidad y operaciones. La posibilidad de importar combustible directamente representa, para muchas de ellas, una solución viable para garantizar su funcionamiento cotidiano.
Mientras tanto, la situación en las calles de las principales ciudades del país muestra un panorama de creciente malestar. Las filas en las estaciones de servicio se han convertido en una estampa cotidiana, con conductores que llegan a pasar la noche en sus vehículos para asegurar un lugar en la cola. Los precios del combustible en el mercado negro han escalado a niveles impensables hace solo un mes, y las denuncias de desvío de combustible desde plantas y estaciones de servicio son recurrentes en las redes sociales y los medios de comunicación.
El gobierno, a través de los decretos 5634 y 5635, ha dado una respuesta parcial a la crisis. La habilitación de puntos de venta móvil para primera línea y la autorización de importación para misiones diplomáticas son medidas que, si bien resuelven problemas específicos, no abordan las causas estructurales del desabastecimiento: la insuficiente producción de hidrocarburos, la falta de inversión en el sector y las dificultades para acceder a divisas para la importación de combustibles.
Los ministerios de Hidrocarburos y de Economía tienen sobre sus mesas la tarea de diseñar una política de largo plazo que garantice el abastecimiento de combustible para toda la población. El decreto 5634, en su disposición transitoria, otorga al Ente Regulador apenas tres días hábiles para reglamentar las nuevas disposiciones, un plazo que evidencia la urgencia del Ejecutivo por poner en marcha los mecanismos de distribución prioritaria.
La ciudadanía, mientras tanto, observa con atención los movimientos del gobierno y espera que las medidas adoptadas sean efectivas para paliar la crisis. La incertidumbre sobre la duración de los conflictos sociales y la capacidad del Estado para garantizar el suministro de combustible se mantiene como el principal foco de preocupación para los bolivianos, que ven cómo el desabastecimiento afecta sus vidas cotidianas y la economía del país.