Asegurados cuestionan que el Gobierno elimine deudas observadas a cooperativas auríferas mientras hospitales públicos enfrentan carencias extremas, largas filas y una crisis sanitaria que golpea diariamente a miles de familias.

El Decreto Supremo 5618 abrió una nueva tormenta política y social luego de que se conociera que la norma elimina procesos de fiscalización, notas de cargo y cobros acumulados durante casi nueve años contra cooperativas auríferas observadas por millonarias obligaciones pendientes con la Caja Nacional de Salud (CNS). La medida beneficia a FERRECO R.L. y FECOMAN L.P. R.L., organizaciones señaladas por observaciones económicas que superarían los 95 millones de bolivianos.
La decisión gubernamental provocó rechazo inmediato entre trabajadores y asegurados que desde hace años denuncian el deterioro del sistema público de salud. La molestia se profundizó porque la CNS atraviesa una situación crítica marcada por falta de medicamentos, retrasos en cirugías, escasez de especialistas y saturación hospitalaria en distintas regiones del país.
Para numerosos sectores sociales, el decreto representa un privilegio otorgado a grupos económicamente poderosos mientras la población asalariada debe cumplir estrictamente con descuentos mensuales y obligaciones laborales. “A cualquier trabajador le cobran hasta el último centavo, pero aquí desaparecen millones mediante un decreto”, reclamaron asegurados consultados tras la difusión de la norma.
Las observaciones apuntan principalmente a la contradicción entre la crisis financiera de la CNS y la eliminación de deudas vinculadas precisamente a recursos que debían fortalecer la seguridad social. Pacientes denunciaron que diariamente deben adquirir medicamentos con dinero propio o esperar semanas para acceder a consultas especializadas debido a las limitaciones del sistema.
El malestar también se alimentó por la situación económica del sector aurífero. Durante los últimos años, la explotación del oro registró importantes ingresos impulsados por el incremento internacional del precio del mineral. Por esa razón, trabajadores y asegurados consideran injustificable que cooperativas dedicadas a una actividad altamente rentable reciban beneficios extraordinarios mientras hospitales públicos enfrentan permanentes dificultades económicas.
Distintos sectores denunciaron además que el Decreto 5618 refleja una administración estatal marcada por decisiones políticas destinadas a preservar alianzas con organizaciones cooperativistas. Las críticas sostienen que el Gobierno utiliza instituciones públicas como mecanismo de negociación con grupos que mantienen capacidad de presión y movilización nacional.
La controversia alcanzó también al principio de igualdad ante la ley. Organizaciones laborales recordaron que pequeños empresarios y trabajadores independientes enfrentan sanciones inmediatas cuando incumplen obligaciones tributarias o aportes sociales. Sin embargo, aseguran que las cooperativas beneficiadas obtuvieron un tratamiento excepcional mediante una disposición aprobada desde el Ejecutivo.
En centros médicos y hospitales de la CNS, el tema se convirtió en motivo permanente de conversación entre pacientes y funcionarios. Muchos consideran que la institución pierde recursos fundamentales en un momento donde las necesidades sanitarias crecen aceleradamente. Las quejas incluyen falta de equipamiento médico, demoras administrativas y escasez de personal en distintas áreas hospitalarias.
La indignación se extendió además a plataformas digitales y sectores sindicales, donde se cuestionó el destino de los aportes laborales descontados cada mes a miles de trabajadores bolivianos. Para muchos ciudadanos, el Decreto 5618 termina consolidando la percepción de que existen sectores con acceso privilegiado a beneficios estatales imposibles de obtener para la mayoría de la población.