La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de negar un juicio de responsabilidades al expresidente y exministro de Economía, Luis Arce Catacora, no solo marca un punto de quiebre en el proceso jurídico, sino que también expone una vez más las profundas inconsistencias internas del sistema judicial boliviano. El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, reafirmó que los hechos investigados en el caso Fondo Indígena corresponden a su gestión ministerial de 2009 y, por tanto, deben ser tramitados mediante un proceso ordinario.

Este anuncio, directo y categórico, vuelve a despertar cuestionamientos en torno al manejo de casos de alto perfil. Para la población, la señal es inequívoca: el tribunal ha adoptado un criterio diferente al aplicado en el proceso contra Jeanine Añez, donde se afirmó que la exautoridad debía ser sometida a un juicio de responsabilidades pese a que los hechos investigados pertenecían a su etapa como senadora. En aquel episodio, el TSJ optó por extender el manto presidencial hacia hechos previos; ahora decide reducirlo cuando se trata de Arce Catacora.

El contraste ha generado un profundo debate. Las decisiones judiciales no solo deben ser técnicamente sólidas, sino también coherentes con criterios previamente sentados. En este caso, la contradicción es evidente. Y es precisamente esa falta de consistencia lo que ha encendido la inquietud ciudadana.

Arce fue detenido en la zona de Sopocachi luego de que la Fiscalía ampliara la investigación del caso Fondo Indígena. El Ministerio Público sostiene que, cuando era ministro de Economía, autorizó desembolsos de dinero que terminaron desviándose a cuentas personales de dirigentes sociales. Con la imputación formal ya presentada, la Fiscalía pidió una detención preventiva de tres meses en el penal de Qhalauma.

Mientras tanto, el exmandatario continúa recluido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), aguardando la audiencia judicial fijada para este viernes a las 13:00. Allí se definirá si Arce mantiene su libertad o si es trasladado al penal, como solicita el Ministerio Público.

Desde el entorno político del exmandatario, las críticas no tardaron en llegar. La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, calificó la aprehensión como un “secuestro político orquestado por sectores interesados en destruir la imagen de Arce”. Para ella, el tratamiento del caso debe seguir la vía del juicio de responsabilidades, no un proceso ordinario. Sin embargo, Saucedo aseguró que la normativa es clara y que no existe margen para aplicar criterios especiales en este caso.