La administración cubana alerta que la orden ejecutiva estadounidense, que amenaza sanciones a quienes suministren combustible, profundiza un bloqueo prolongado que afecta directamente la economía y la vida diaria.

El Gobierno cubano rechazó este jueves la decisión de Estados Unidos, calificándola como un “brutal acto de agresión” que afecta directamente al país y su población. La medida, anunciada por la Casa Blanca, autoriza sanciones a naciones que suministren petróleo a la isla, ampliando un bloqueo económico que se mantiene desde hace más de seis décadas.

El canciller Bruno Rodríguez explicó que la escalada se fundamenta en acusaciones que describió como infundadas, presentando a Cuba como una amenaza inexistente. Señaló que la orden ejecutiva intensifica las dificultades para el abastecimiento de combustibles, insumos esenciales y servicios básicos, impactando la vida cotidiana de los ciudadanos.

Rodríguez subrayó que Estados Unidos también busca presionar a terceros países para que cumplan con estas restricciones mediante amenazas de aranceles. Estas acciones, según las autoridades cubanas, constituyen una violación de normas internacionales de comercio y representan un intento de intervenir en la soberanía de otros Estados.

El vicecanciller Carlos R. Fernández de Cossío acompañó la condena y pidió atención de la comunidad internacional. En su mensaje, publicado en redes sociales, señaló que la orden estadounidense tiene implicaciones más allá de Cuba y genera un precedente preocupante: “Si se acepta esta pretensión, se abre un capítulo de coerción que podría afectar la soberanía de otros países”, afirmó.

Las autoridades cubanas destacan que la población de la isla ha enfrentado con resistencia las consecuencias del bloqueo durante décadas, pero advierten que la nueva medida podría agravar la escasez de combustible, medicamentos y productos esenciales. Según Rodríguez, el objetivo explícito de la política estadounidense es ejercer presión económica y política sobre la isla y sus aliados, complicando aún más la gestión de servicios básicos y el funcionamiento de sectores estratégicos.

Tanto el canciller como el vicecanciller enfatizaron que la escalada constituye un desafío directo a la soberanía cubana. Señalaron que las sanciones no solo afectan la economía, sino que también proyectan presión sobre otros países que podrían mantener relaciones comerciales con la isla, lo que aumenta la tensión internacional y los riesgos para la estabilidad regional.