La senadora Ana María Crispín observó la forma en que avanza la proposición acusatoria por el caso Hotel Las Américas. Pidió cumplir los procedimientos legales antes de cualquier decisión.

La senadora del PDC, Ana María Crispín, reclamó que la proposición acusatoria impulsada contra el expresidente Evo Morales en el caso Hotel Las Américas se ajuste estrictamente a las normas vigentes y a las garantías constitucionales. La legisladora sostuvo que las observaciones realizadas por la decana del Tribunal Supremo de Justicia deben ser atendidas antes de que el trámite continúe.
Observaciones al procedimiento
Crispín señaló que el respeto al debido proceso no puede depender de la condición política o personal de quien es investigado. “Se debe respetar el debido proceso en proposición acusatoria”, manifestó, al referirse al expediente relacionado con los hechos ocurridos en el Hotel Las Américas.
La parlamentaria remarcó que, cuando una autoridad judicial formula observaciones, corresponde corregir los aspectos identificados para evitar futuras nulidades o cuestionamientos dentro del procedimiento. En esa línea, insistió en que las actuaciones deben desarrollarse conforme a lo establecido por la Constitución y las leyes.
El pronunciamiento surge después de que la alianza Libre presentara una proposición acusatoria contra Evo Morales y Álvaro García Linera, con el objetivo de promover un juicio de responsabilidades por el operativo ejecutado en abril de 2009 en el Hotel Las Américas. La iniciativa fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y se sustenta en antecedentes vinculados a determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CRÍTICAS AL MOMENTO DE LA INICIATIVA
Además de exigir que se subsanen las observaciones procesales, Crispín expresó reparos sobre la oportunidad en que se impulsa la acción. La senadora calificó la proposición acusatoria como “tarde e improvisada”, cuestionando tanto el momento elegido como la forma en que fue planteada.
Sus declaraciones abren una nueva discusión sobre el curso legal de una causa que, a más de una década de los hechos investigados, vuelve a instalarse en la agenda política y judicial del país.