La Central Obrera Boliviana pidió a la Fiscalía General del Estado una solicitud formal para que el presidente y el ministro de Gobierno sean indagados por supuesta omisión y conocimiento anticipado del caso de las 32 maletas.

La Central Obrera Boliviana (COB) pidió a la Fiscalía General del Estado que se amplíe la investigación del denominado caso de las 32 maletas incluyendo como investigados al presidente de la República, Rodrigo Paz, y al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, según el portal Sin Mordaza.
La solicitud sindical se basa en declaraciones públicas de las autoridades y en hechos verificados que, según la COB, indican que ambos tenían conocimiento previo del caso y no actuaron de inmediato para informar o denunciar ante instancias competentes.
El dirigente de la COB, Claudio Choque, destacó que la demanda exige respuestas claras sobre por qué no se activaron mecanismos de denuncia o advertencia a la ciudadanía si la información ya estaba disponible. Choque afirmó a la prensa que la transparencia exige que quienes tenían información relevante no solo la poseyeron, sino que asumieron decisiones que deben ser aclaradas ante la justicia.
El sindicato sostiene que la inclusión de Paz y Oviedo permitirá a la Fiscalía reconstruir el manejo institucional de la información desde los niveles superiores del Estado.
El propio presidente Rodrigo Paz reconoció públicamente, en una entrevista con un medio, radio Panamericana, que el Gobierno sabía del caso de las maletas antes de que trascendiera a la opinión pública. Según esa declaración oficial, recogida por medios y verificada en registros periodísticos,
La COB y sectores sociales consideran que esa explicación no reemplaza la falta de acciones preventivas ni la ausencia de una denuncia oportuna, y que esa omisión genera dudas legítimas sobre la actuación de las autoridades.
Los registros oficiales consignan que las 32 maletas ingresaron al país el 29 de noviembre en un vuelo privado desde el exterior. Parte de la controversia gira en torno al uso de un pasaporte diplomático por parte de la exdiputada Laura Rojas, el cual, según informes de la Cancillería, no estaba vigente al momento del ingreso al país.