Venezuela rechaza la designación del supuesto “Cartel de los Soles” como organización terrorista, advirtiendo que Estados Unidos utiliza acusaciones infundadas para justificar presiones, operaciones militares y agenda geopolítica regional.

Con datos de RT

La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de catalogar al denominado “Cartel de los Soles” como organización terrorista extranjera detonó una respuesta inmediata y firme por parte del Gobierno venezolano, que considera esta acción como un nuevo escalón en la campaña internacional destinada a desacreditar al país. Para Caracas, este anuncio no solo reproduce una narrativa que considera falsa, sino que forma parte de una estrategia más amplia que busca profundizar la presión política, diplomática y militar contra Venezuela.

El gobierno estadounidense formalizó la designación a comienzos de semana, otorgándole estatus oficial a un señalamiento que Venezuela rechaza desde hace años. La reacción en Caracas fue contundente: el Ejecutivo reiteró que tal organización criminal no existe y que su inclusión en la lista responde a un libreto político utilizado históricamente para justificar agresiones unilaterales. En opinión del Gobierno venezolano, Washington intenta otorgarle legitimidad internacional a una acusación que ningún organismo especializado en el combate contra el narcotráfico ha respaldado.

A través de un comunicado, el Ejecutivo venezolano denunció que la medida estadounidense constituye una reedición de tácticas orientadas a fabricar pretextos de intervención. Según el texto, Washington procura consolidar una imagen distorsionada del país para avanzar con un conjunto de medidas que afectan no solo a Venezuela, sino al equilibrio geopolítico de la región. El documento recordó que diversas estrategias similares implementadas en el pasado por la Casa Blanca terminaron desacreditadas por su falta de sustento técnico.

El canciller Yván Gil se pronunció a través de sus redes para remarcar que esta maniobra estadounidense está destinada a fracasar, del mismo modo que —según él— fallaron otras operaciones que buscaban aislar a Venezuela en el plano internacional. Gil sostuvo que el país no está dispuesto a ceder espacio político ni institucional ante acusaciones que describió como ficticias. Afirmó que Venezuela permanece enfocada en la administración interna y en mantener la cohesión entre los sectores sociales, las instituciones públicas y la estructura militar.

Dentro del comunicado oficial, el Gobierno hizo énfasis en que resulta absurdo exigir que Venezuela dedique tiempo a refutar señalamientos sin fundamento. Recalcó que, pese a las presiones externas, la vida institucional se mantiene estable, y que los esfuerzos internos continúan dirigidos a garantizar el orden, la seguridad y el desarrollo nacional. Además, subrayó que existe una articulación firme entre el pueblo, los cuerpos policiales y el componente militar, un hecho que el Ejecutivo considera una fortaleza frente a los ataques provenientes del exterior.

Caracas también instó a Estados Unidos a revisar su política de agresiones continuas, advirtiendo que tales medidas ya generan impactos negativos en el Caribe. El Gobierno venezolano sostiene que la presencia militar estadounidense en la zona, intensificada durante los últimos meses, ha derivado en un ambiente de tensión que afecta a poblaciones costeras y rutas internacionales. Según la posición venezolana, estas operaciones no responden a una lucha real contra el narcotráfico, sino a la intención de consolidar poder geoestratégico en la región.

La denuncia de Caracas se sustenta en hechos recientes: diversos bombardeos contra embarcaciones en el Caribe, realizados por fuerzas estadounidenses bajo el argumento de combatir actividades ilícitas, han dejado más de setenta personas fallecidas. Para Venezuela, estas acciones revelan que la narrativa antidrogas es utilizada como un recurso para justificar operativos de fuerza sin coordinación ni legitimidad multilateral. Según el Gobierno, estos hechos evidencian la verdadera naturaleza de la política estadounidense en la región.

Otro punto que alimenta la controversia es la insistencia de Washington en vincular al presidente Nicolás Maduro con estructuras del narcotráfico internacional. A criterio de Venezuela, estas acusaciones carecen de todo soporte y se utilizan como parte de un entramado propagandístico que persigue el descrédito sistemático del Gobierno. Caracas recalca que ningún órgano internacional especializado ha validado tales señalamientos, lo cual, afirma, refuerza la tesis de que se trata de una operación política disfrazada de lucha antidrogas.

En el marco de estas tensiones, recuperaron visibilidad las declaraciones emitidas meses atrás por el exboina verde estadounidense Jordan Goudreau, quien sugirió que el presunto “Cartel de los Soles” podría haber sido un diseño original de la CIA, formulado décadas atrás como parte de operaciones encubiertas. Aunque estas afirmaciones no han sido respaldadas oficialmente, para el Gobierno venezolano constituyen un indicio del tipo de maniobras que rodean el discurso estadounidense. Paralelamente, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, medida que Caracas caracteriza como un acto sin precedentes destinado a justificar más presión internacional.

Maduro, por su parte, ha denunciado que estas acciones forman parte de un esquema sistemático de deslegitimación que busca alterar el orden político del país. Desde su perspectiva, Washington intenta deteriorar la imagen internacional de Venezuela para justificar cualquier tipo de medida contra su Gobierno y contra el proyecto político que encabeza. El mandatario sostiene que esta ofensiva responde al interés estadounidense de controlar los recursos energéticos venezolanos, particularmente sus vastas reservas petroleras y gasíferas.

La reacción internacional a la designación estadounidense fue inmediata. Diversos gobiernos expresaron preocupación por la escalada de tensiones y advirtieron sobre los posibles efectos desestabilizadores de esta decisión. Entre ellos, Rusia tuvo una intervención destacada al denunciar públicamente que Estados Unidos recurre a pretextos falsos para intervenir en los asuntos internos de Estados soberanos. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, afirmó que ningún principio de derecho internacional justifica el uso de la lucha antidrogas como excusa para ejercer presión militar o política sobre un país.

La confrontación diplomática entre Venezuela y Estados Unidos avanza hacia una fase marcada por la polarización y la ausencia de mecanismos efectivos de diálogo. Según expertos citados por fuentes diplomáticas, la designación del presunto cartel podría abrir la puerta a nuevas sanciones, restricciones financieras y acciones encubiertas bajo el argumento de combatir el terrorismo. Caracas, en tanto, mantiene su posición de rechazo absoluto y ha asegurado que defenderá sus intereses nacionales con apoyo de su población y de su estructura institucional.

El trasfondo de este conflicto, a criterio de Venezuela, radica en la persistencia de un esquema histórico de presión geopolítica que busca reconfigurar el equilibrio de poder en América Latina. Para Caracas, la inclusión del supuesto cartel en la lista de terrorismo es solo un paso más dentro de un marco más amplio, que combina sanciones, amenazas militares y campañas de desprestigio internacional.