La dirigencia convocará a un ampliado para definir su posición frente a la extensión del régimen excepcional y cuestionar medidas económicas que, asegura, golpean al sector rural.

El campesinado del Beni anunció un ampliado para la próxima semana con el propósito de analizar la ampliación del estado de excepción y establecer una posición respaldada por sus organizaciones afiliadas. La convocatoria surge después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobara la extensión de la medida por otros 90 días.
Katiuska Guzmán, dirigente de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Beni, afirmó que existe rechazo a la decisión y cuestionó que el Gobierno recurra a un régimen excepcional mientras persisten problemas económicos que afectan a trabajadores, productores campesinos y comunidades rurales.
“Estamos ante una posición errada del gobierno de querer controlar el derecho a la protesta y opinión popular, mediante medidas de control y amedrentamiento, como es el estado de excepción”, declaró.
EL AMPLIADO DEFINIRÁ LA POSICIÓN CAMPESINA
Guzmán explicó que la dirigencia busca llevar el tema a una instancia orgánica para evitar que la posición sea asumida únicamente por representantes departamentales. En el ampliado también se prevé exponer reclamos relacionados con las decisiones económicas, sociales y administrativas adoptadas por el Estado.
La dirigente sostuvo que las medidas aplicadas durante los últimos meses tienen efectos particularmente visibles en las zonas rurales, donde los ingresos dependen en gran parte de actividades productivas y del trabajo diario.
Según su planteamiento, el incremento de los costos de los carburantes y las variaciones del tipo de cambio han reducido la capacidad de compra de los ingresos obtenidos por campesinos e indígenas.
“Los recursos ya no alcanzan y el poder adquisitivo del dinero fruto del trabajo de los sectores productivos campesino e indígena no rinde igual”, señaló.
La dirigencia también cuestionó que la ampliación del estado de excepción pueda ser utilizada para limitar las expresiones de protesta. Guzmán sostuvo que las restricciones no resuelven las dificultades económicas que originan los reclamos sociales.
GOBIERNO DEFIENDE OTROS 90 DÍAS
La posición campesina contrasta con la explicación presentada por el Ejecutivo ante la Asamblea. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que todavía existen riesgos de bloqueos, marchas y paros que podrían afectar corredores estratégicos de combustible, alimentos, medicamentos, oxígeno e infraestructura crítica.
El Gobierno había solicitado una nueva vigencia de 90 días y señaló que la medida busca garantizar la circulación, el abastecimiento y la continuidad de actividades económicas y servicios públicos.
La ampliación fue aprobada por la Asamblea Legislativa durante la madrugada del 17 de septiembre, con 100 votos de los 158 legisladores presentes. La extensión prolonga el régimen excepcional iniciado el 20 de junio.
Otros sectores campesinos también expresaron rechazo. La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” cuestionó la ampliación y vinculó su rechazo con la situación de dirigentes detenidos y con la aprobación de normas sin consulta a organizaciones sociales.
En el Beni, Guzmán anticipó que el ampliado no se limitará a discutir la vigencia del estado de excepción. La organización prevé incorporar en su pronunciamiento cuestionamientos sobre carburantes, ingresos, precios y otras medidas que, según la dirigencia, están afectando a las familias campesinas.
“De agudizarse las políticas adversas que afectan a los sectores populares, estas no tendrán más remedio que reaccionar y exigir sus derechos”, afirmó.