La Justicia ordenó la detención preventiva de Roger Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y Rubén Aparicio mientras la Fiscalía profundiza las pesquisas por presunta organización criminal.

La Justicia determinó este sábado la detención preventiva por seis meses de los cuatro investigados dentro del proceso por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal. La medida establece que permanecerán separados durante el desarrollo de las investigaciones.
CUATRO PENALES PARA LOS INVESTIGADOS
El exfiscal general del Estado Roger Mariaca será trasladado al penal de Cantumarca, en Potosí. Alberto Zeballos cumplirá la medida en El Abra, Cochabamba; Martín Irusta fue enviado al recinto de Patacamaya y el mayor de Policía Rubén Aparicio a Chonchocoro, en La Paz.
El fiscal Edwin Sarmiento explicó que la decisión de ubicarlos en diferentes centros penitenciarios responde a razones de seguridad y busca impedir que los investigados mantengan contacto entre sí mientras avanzan las pesquisas.
Según Sarmiento, durante la investigación se reunieron elementos de convicción que fueron presentados ante el juez, entre ellos dinero, teléfonos celulares de alta gama y otros indicios. La Fiscalía sostiene que estos elementos forman parte de la investigación que involucra a los cuatro acusados.
El proceso también incorpora informes policiales, información financiera y material audiovisual, además de antecedentes provenientes de Estados Unidos.
FISCALÍA AMPLÍA LAS PESQUISAS SOBRE MARIACA
Sarmiento señaló además que Mariaca ya era objeto de investigación por una presunta organización criminal desde una etapa anterior, cuando todavía ejercía como abogado. De acuerdo con su declaración, durante ese periodo habría patrocinado a personas relacionadas con actividades de narcotráfico.
El fiscal agregó que existe otra investigación contra Mariaca y anunció que este domingo se desarrollará una nueva audiencia cautelar relacionada con un proceso por presunta legitimación ilícita de ganancias.
Sarmiento sostuvo que los fiscales asignados al caso actúan conforme a la ley y negó que exista un interés político detrás de las actuaciones realizadas. Mientras tanto, las defensas de los investigados mantienen recursos pendientes contra algunas de las determinaciones judiciales.