El reciente acuerdo entre la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia y el Gobierno abrió un espacio de diálogo sobre las necesidades del transporte, mientras se mantiene viva la polémica sobre la continuidad de la subvención a los hidrocarburos, cuestionada por exautoridades y actores del sector económico.

Este martes, los representantes de los transportistas se reunieron con el presidente Rodrigo Paz en la Casa Grande del Pueblo, definiendo que se instalarán mesas técnicas con cuatro ministerios: Obras Públicas, Gobierno, Hidrocarburos y Economía. La finalidad es abordar de manera directa los problemas que afectan al transporte público y de carga en el país, desde infraestructura vial hasta logística de combustible.

Lucio Gómez, dirigente de la Confederación, explicó que las mesas de trabajo se centrarán en los temas urgentes del sector y que, por ahora, la subvención al combustible queda fuera de la discusión. “Vamos a trabajar con las comisiones correspondientes todos los problemas que tiene el transporte”, declaró Gómez, subrayando que el diálogo busca soluciones concretas y operativas.

Con el Ministerio de Obras Públicas, se analizarán inversiones, mantenimiento y tramos críticos de las carreteras. Con el Ministerio de Gobierno, el enfoque estará en Diprove, Tránsito y Policía Caminera, así como en procedimientos de control en rutas nacionales. Las comisiones con Hidrocarburos y Economía se concentrarán en asegurar el suministro de combustible y en la evaluación de políticas energéticas que afectan directamente la operación del transporte.

Paralelamente, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, insistió en que mantener la subvención es “irresponsable” y que prolongarla podría generar desabastecimiento y un caos económico. Mediante un mensaje en X, Ríos destacó la urgencia de eliminar los subsidios a gasolina, diésel, GLP y gas natural. “No actuar ahora es comprometer la estabilidad energética y económica del país”, advirtió.

La posición de Ríos coincide con la de la Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos de Santa Cruz (Asosur), que asegura que los precios congelados fomentan el contrabando inverso y la fuga de combustible hacia países vecinos. La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) también ha manifestado que mantener los subsidios genera un gasto insostenible y profundiza la presión fiscal.

El acuerdo con los choferes representa un avance significativo para atender necesidades inmediatas, como mejorar carreteras, fortalecer controles y garantizar abastecimiento. Sin embargo, deja abierta la discusión sobre la política energética y los subsidios, un tema que impacta directamente en la estabilidad económica del país.