El ajuste en hidrocarburos mostró fallas de control estatal, versiones cambiantes y perjuicios reales a conductores, con talleres colapsados, reclamos formales y documentos oficiales que confirman problemas persistentes verificados públicamente.

El cumplimiento de los primeros noventa días del gobierno de Rodrigo Paz encontró a la gasolina como el principal foco de desgaste político y social.
La decisión de eliminar la subvención a los hidrocarburos fue comunicada como una medida de alivio fiscal, respaldada por reportes del Ministerio de Economía que reflejaron una reducción del gasto estatal. La aplicación práctica de esa política impactó de forma directa en la rutina de miles de personas que dependen del combustible para trabajar y desplazarse.
Las alertas comenzaron a surgir desde la experiencia diaria. Conductores particulares, taxistas y transportistas urbanos reportaron fallas inmediatas luego de cargar gasolina y diésel. Vehículos detenidos en plena vía, pérdida de potencia y daños en sistemas de inyección se repitieron en Trinidad, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Talleres mecánicos independientes y redes de servicio automotriz confirmaron un aumento sostenido de ingresos por reparaciones asociadas a combustible en mal estado, diagnóstico sustentado en inspecciones técnicas y piezas deterioradas.
Las primeras respuestas institucionales negaron cualquier anomalía. YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Hidrocarburos difundieron comunicados oficiales descartando problemas de calidad y rechazando fallas en la mezcla con etanol. Esas posiciones quedaron registradas en conferencias de prensa y documentos públicos. La narrativa cambió cuando el ministro de la Presidencia, Lupo, reconoció de manera abierta que la gasolina que llegaba al consumidor presentaba deficiencias, contradiciendo a las autoridades técnicas del sector.
Tras ese reconocimiento, el propio aparato estatal ofreció nuevas explicaciones. Se mencionaron tanques de almacenamiento con residuos, limpieza insuficiente en plantas de recepción, errores operativos durante la mezcla y combustible remanente de la gestión anterior. Ninguna de estas versiones fue acompañada por la publicación completa de informes de laboratorio, contratos de importación o certificaciones de calidad que permitan verificar proveedores, precios y controles aplicados.
El Presidente denunció posteriormente un sabotaje interno en YPFB. La acusación apareció cuando los reclamos ya estaban extendidos y documentados por talleres, estaciones de servicio y usuarios afectados. Para quienes sufrieron los daños, el señalamiento no modificó la realidad inmediata: gastos elevados en reparaciones, días sin trabajar y pérdida de ingresos en sectores que dependen del vehículo como herramienta básica.
En Trinidad, una de las ciudades donde el problema se manifestó con mayor intensidad, la concejal Carla Sittyc expresó un sentimiento compartido por numerosos vecinos: “Estoy indignada, nos metieron gato por liebre, este gobierno es peor que el anterior”. Su testimonio se suma a reclamos formales presentados ante autoridades municipales y defensorías del consumidor, que registraron denuncias por daños mecánicos vinculados al uso de gasolina y diésel.