Con cifras del Presupuesto 2026, Edwin Aldunate Luján advierte que el Estado depende de deuda para operar y no puede redistribuir ingresos sin comprometer salud, educación y obligaciones básicas.

La demanda de aplicar un esquema de distribución 50/50 de los ingresos fiscales entre el nivel central y las regiones ha escalado en el discurso de autoridades subnacionales y actores políticos. Sin embargo, el análisis del economista Edwin Aldunate Luján, sustentado en datos oficiales del Presupuesto General del Estado 2026, expone restricciones claras en la capacidad financiera del Estado para atender esa exigencia sin afectar su funcionamiento.
El punto de partida es el comportamiento del Tesoro General de la Nación (TGN), que concentra la mayor parte de los ingresos tributarios del país. En este nivel se agrupan recursos provenientes del IVA, IT, IUE, ICE, RC-IVA, IDH, IEHD y otros tributos, que son utilizados para financiar servicios esenciales y obligaciones permanentes como salud, educación, seguridad, justicia, pensiones, subvenciones y el servicio de la deuda pública.
El presupuesto aprobado para la gestión 2026 establece un monto agregado de Bs 377.836,9 millones y un presupuesto consolidado de Bs 298.331,5 millones. Dentro de ese total, el TGN administra Bs 161.382,5 millones, lo que refleja su peso dentro de la estructura fiscal del país.
Aldunate introduce un ajuste técnico sobre ese monto. Señala que no todos esos recursos son utilizables de forma directa, ya que una parte corresponde a registros contables o a obligaciones que no representan liquidez inmediata. Entre los componentes que descuenta se encuentran las notas de crédito fiscal, la deuda flotante —compromisos pendientes de pago de la gestión anterior— y las transferencias obligatorias por coparticipación tributaria y por IDH hacia municipios, universidades y gobernaciones.
Una vez realizados esos descuentos, el monto efectivo disponible del TGN se reduce a Bs 126.085,5 millones. Esa cifra es la que realmente sostiene el funcionamiento del Estado central.
Un Estado sostenido por deuda
El análisis adquiere mayor peso al observar la composición de esos recursos. De los Bs 126.085,5 millones disponibles, solo Bs 45.062,9 millones corresponden a ingresos internos generados de manera recurrente. El resto, Bs 81.022,6 millones, proviene de endeudamiento, tanto interno como externo.
Ese financiamiento incluye créditos externos, emisión de bonos soberanos, colocación de títulos en el mercado interno y otros mecanismos de captación de recursos. La magnitud de esa dependencia marca el eje del diagnóstico.
Aldunate lo resume con precisión: “de cada 100 bolivianos que gasta el Estado, 36 se financian con ingresos propios y 64 con deuda”. Esta relación no es coyuntural, sino estructural, y refleja un desbalance que limita la capacidad de asumir nuevas obligaciones.
El peso del endeudamiento también se observa en el servicio de la deuda. El presupuesto destina Bs 53.305,4 millones al pago de amortizaciones e intereses. Esto implica que una parte considerable de los recursos captados se utiliza para cubrir compromisos previos, reduciendo la disponibilidad para otras áreas.
Al excluir las amortizaciones, el gasto efectivo del TGN alcanza Bs 91.728,5 millones. De ese total, cerca de la mitad se financia con ingresos internos y la otra mitad con nueva deuda. En términos operativos, el Estado no logra sostener su gasto corriente con sus propios recursos.
El economista advierte que los ingresos internos apenas cubren tres componentes: salud, educación y los intereses de la deuda pública. El resto de las obligaciones —seguridad, justicia, defensa, pensiones, subvenciones— depende de financiamiento externo o interno.
Bajo estas condiciones, la aplicación del 50/50 implicaría una reducción directa de los ingresos del TGN. Aldunate estima que el nivel central dejaría de percibir entre Bs 12.000 y 13.000 millones.
El efecto sería inmediato sobre la capacidad operativa del Estado. Con menores ingresos disponibles, solo podría cubrir educación y parte del sistema de salud con recursos propios. El resto quedaría sujeto a mayor endeudamiento, en un escenario donde las fuentes de financiamiento no cubren gasto corriente.
Ajustes recientes y efecto limitado
El análisis incorpora también las medidas económicas adoptadas mediante decretos supremos posteriores a la aprobación del presupuesto. Estas medidas incluyen incrementos salariales, ajustes en programas sociales y modificaciones en la política de subvenciones.
El aumento del salario mínimo nacional de Bs 2.750 a Bs 3.300 genera un impacto directo en bonos vinculados a ese indicador, como el bono de antigüedad y asignaciones familiares. El costo adicional estimado es de Bs 580 millones.
El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) incrementa la Renta Dignidad y amplía transferencias a sectores vulnerables. Este conjunto de medidas representa un gasto adicional cercano a Bs 2.500 millones.
A ello se suma el incremento del Bono Juancito Pinto, que eleva su monto de Bs 200 a Bs 300, generando un costo adicional de aproximadamente Bs 232 millones.
En contrapartida, el ajuste en el precio de los combustibles reduce el costo de la subvención a hidrocarburos. El ahorro estimado alcanza Bs 15.547 millones, lo que representa un alivio significativo en el gasto público.
El resultado neto de estas medidas reduce el gasto efectivo del TGN a Bs 79.493,5 millones. La estructura de financiamiento mejora: el 56,7% se cubre con ingresos internos y el 43,3% con endeudamiento.
A pesar de esta mejora, el economista sostiene que el déficit fiscal sigue siendo elevado y que el margen de maniobra continúa limitado. La reducción del endeudamiento tiene un efecto positivo, pero no modifica la dependencia estructural del Estado.
El análisis no incorpora el impacto de la eliminación de algunos impuestos ni del arancel cero para determinadas importaciones, aunque se menciona que estos efectos podrían ser compensados parcialmente por una mayor recaudación derivada del incremento en precios internos de hidrocarburos.
Distribución de recursos y conflicto operativo
El estudio se extiende hacia la forma en que se distribuyen los ingresos fiscales en el país. Cada impuesto tiene reglas propias, beneficiarios específicos y criterios de asignación distintos, lo que complica cualquier intento de aplicar un esquema uniforme como el 50/50.
En el caso de los impuestos tradicionales —IVA, IT, IUE, RC-IVA e ICE— la normativa vigente establece que el 75% de la recaudación corresponde al TGN, el 20% a los municipios y el 5% a las universidades. Las gobernaciones no participan directamente de estos recursos.
Si se aplicara el 50/50 en este segmento, el TGN perdería aproximadamente Bs 12.000 millones. A partir de ahí surge un problema adicional: definir cómo se redistribuirían esos recursos dentro de cada departamento.
Los municipios y universidades ya cuentan con participación en la coparticipación tributaria. La inclusión de gobernaciones o la modificación de los porcentajes actuales implicaría cambios legales y tensiones entre los distintos niveles de gobierno.
El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) presenta una estructura más compleja. Su distribución combina criterios de producción, asignación lineal y mecanismos de compensación. Los departamentos productores reciben recursos en función de su producción, mientras que los no productores acceden a una distribución fija.
Además, existe un fondo de compensación destinado a equilibrar ingresos entre departamentos. Estos recursos se distribuyen entre universidades, municipios y gobernaciones, con diferencias importantes en términos per cápita.
El Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) también tiene un esquema propio. El 80% de la recaudación corresponde al TGN y el 20% a las regiones. Dentro de ese 20%, una parte se distribuye de forma lineal entre las gobernaciones y otra en función de la población.
Las regalías petroleras benefician principalmente a los departamentos productores, mientras que las regalías mineras corresponden exclusivamente a las regiones. El TGN no participa de este último ingreso.
Aldunate advierte que la coexistencia de múltiples criterios de distribución dificulta la aplicación de un esquema uniforme. Cada modificación implicaría revisar leyes, decretos y acuerdos vigentes.
El análisis también señala que cualquier proceso de redistribución generará disputas entre los propios actores subnacionales. Municipios, gobernaciones y universidades tienen intereses distintos y buscarán maximizar su participación en los recursos disponibles.
El economista sintetiza esta situación al señalar que la aplicación del 50/50 no solo enfrenta una restricción fiscal, sino también un problema de diseño institucional.
La combinación de déficit fiscal, dependencia del endeudamiento y diversidad de mecanismos de distribución limita la viabilidad de la propuesta en el corto plazo. Bajo las condiciones actuales, el Estado no cuenta con margen suficiente para transferir recursos adicionales sin afectar su capacidad de operación.