La máxima instancia sindical del país oficializó un pliego de exigencias al Ejecutivo y a la Asamblea, y anunció medidas graduales si no recibe respuestas formales y documentadas.

La Central Obrera Boliviana resolvió activar estado de emergencia nacional y remitió una notificación directa al gobierno de Rodrigo Paz con un conjunto de demandas que considera urgentes. La determinación fue asumida en ampliado con representantes de federaciones y centrales departamentales, y quedó plasmada en una resolución difundida públicamente.
El primer punto establece la oposición expresa a cualquier modificación de la Ley General del Trabajo. La dirigencia sindical sostiene que no permitirá cambios que reduzcan derechos laborales vigentes ni ajustes vinculados a la Ley 157 sobre tierras que puedan afectar a sectores sociales. La resolución instruye a sus estructuras orgánicas prepararse para acciones progresivas si se avanza en esas iniciativas.
En el ámbito legislativo, la COB exigió a la Asamblea Legislativa Plurinacional archivar de manera definitiva el proyecto de ley denominado “antibloqueos”. Según el pronunciamiento, la propuesta restringe el derecho a la protesta social. Las centrales departamentales fueron instruidas a mantenerse en alerta ante cualquier tratamiento parlamentario de esa norma.
La organización también fijó posición sobre el ingreso de 32 maletas sin control por el aeropuerto de Viru Viru. Demandó al Ministerio Público una investigación transparente, independiente y sin interferencias, además de ampliar indagaciones sobre hechos recientes vinculados al narcotráfico detectados en esa terminal aérea. La COB denunció que existe presión política contra su dirigencia y exigió garantías.
Otro reclamo central se refiere a la calidad de la gasolina comercializada en el país. La central obrera pidió una solución inmediata y controles técnicos verificables. Exigió, además, la implementación de un mecanismo efectivo de compensación para propietarios de vehículos que acrediten daños atribuibles al combustible distribuido.
Finalmente, la COB requirió al Ejecutivo la presentación inmediata de informes detallados sobre los créditos externos obtenidos y el destino específico de esos recursos. También instó a la Asamblea a ejercer fiscalización plena y documentada sobre el endeudamiento público.