La Policía Boliviana informó que conoció el caso días después del ingreso irregular de equipaje a Viru Viru. El retraso impidió preservar pruebas importantes para esclarecer responsabilidades penales.

La admisión llegó desde el mando policial. El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, confirmó que la institución fue informada con varios días de desfase sobre el ingreso irregular de 32 maletas al país, situación que provocó la pérdida de evidencias que habrían sido claves para sostener la investigación.
Sokol detalló que la denuncia no llegó de inmediato a conocimiento de la Policía. Para cuando se activaron los mecanismos investigativos, ya había transcurrido aproximadamente una semana desde el arribo del equipaje al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. Ese intervalo, explicó, impidió resguardar indicios materiales, verificar movimientos logísticos en tiempo oportuno y preservar registros que pudieron haberse alterado.
La autoridad señaló que esa demora redujo las posibilidades de reconstruir con mayor precisión la cadena de hechos. Aun así, aseguró que los equipos asignados al caso mantienen operativos de recolección de información, análisis documental y toma de declaraciones bajo coordinación del Ministerio Público.
El comandante sostuvo que existen personas aprehendidas y que se logró establecer parte del recorrido del equipaje después de su llegada al país. Indicó que todavía se realizan pericias y verificaciones para completar el cuadro de responsabilidades.
El hecho se remonta al 29 de noviembre, cuando un vuelo chárter procedente de Estados Unidos aterrizó en Viru Viru con 32 maletas que no pasaron por los controles aduaneros habituales. La exdiputada Laura Rojas, hoy con detención preventiva, es investigada por haber presentado un pasaporte diplomático anulado para facilitar el ingreso del equipaje.
Días después, las valijas fueron trasladadas a un galpón administrado por una empresa de seguridad privada. El 20 de enero, un operativo antidrogas encontró en ese depósito 79 kilos de marihuana. Ese hallazgo dio inicio formal a la investigación penal.
Entre los implicados figuran personal de la empresa de seguridad, un juez vinculado a la firma y funcionarios aduaneros que cumplían funciones en la terminal aérea, varios de los cuales fueron apartados de sus cargos. Sokol afirmó que también deberán responder quienes tenían a su cargo controles y supervisión en el aeropuerto, debido al tiempo que pasó sin que el hecho fuera reportado a la Policía.