El presidente estadounidense insiste en presionar a Caracas con amenazas y operaciones sin sustento, ignorando leyes internacionales y profundizando tensiones en la región latinoamericana.

Donald Trump volvió a demostrar su obstinación contra Venezuela, mostrando un patrón de agresión constante que preocupa a la comunidad internacional. Desde el Air Force One, el mandatario declaró: «Si podemos salvar vidas de manera fácil, está bien. Y si toca por las malas, pues también», palabras que reflejan su disposición a recurrir a la fuerza sin límites ni justificación legal.

La administración estadounidense ha convertido al supuesto “Cártel de los Soles” en la excusa oficial para escalar su hostilidad. El Departamento de Estado incluyó a esta organización en la lista de grupos terroristas extranjeros, decisión que Caracas calificó como “una patraña ridícula” y negó tajantemente su existencia, denunciando que Estados Unidos busca legitimar un cambio de régimen para apropiarse de sus recursos estratégicos.

Desde agosto, Washington mantiene un despliegue militar frente a las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. La operación, denominada “Lanza del Sur”, ha ejecutado bombardeos sobre embarcaciones supuestamente vinculadas al tráfico de drogas, causando más de 70 muertes sin evidencia que respalde las acusaciones.

Trump también ha acusado sin pruebas a Nicolás Maduro de liderar un cártel de narcotráfico y ha aumentado la recompensa por su captura, reforzando la narrativa de hostilidad y presión sobre Caracas. Venezuela sostiene que la verdadera intención de Estados Unidos es controlar sus vastos recursos petroleros y gasísticos, disfrazando su agresión con un pretexto antidrogas.

Organismos internacionales han cuestionado la estrategia de Washington. La ONU y la DEA estadounidense coinciden en que Venezuela no es una ruta principal de narcotráfico hacia EE.UU., ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico. Gobiernos de Colombia, México y Brasil, así como Rusia y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han condenado los ataques, calificando los bombardeos a embarcaciones como “ejecuciones sumarias” que violan la ley internacional.