Megaoperativos en Beni, Santa Cruz y Cochabamba buscan capturar a “Coco” Vásquez, mientras se posesiona nuevo fiscal en Beni y el acusado rechaza amenazas y cargos en video difundido.

La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Bolivia vivió un nuevo capítulo esta semana, marcado por intensos operativos simultáneos en los departamentos de Beni, Santa Cruz y Cochabamba, el relevo de autoridades judiciales y la aparición pública de Yasser Andrés “Coco” Vásquez Cardona, acusado de liderar una red de sicariato y tráfico de drogas.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, explicó que estas acciones forman parte de un plan estratégico nacional diseñado para desarticular estructuras criminales transnacionales que operan dentro y fuera de Bolivia. “Estamos golpeando a organizaciones que no dudan en recurrir a la violencia para proteger sus actividades ilícitas”, señaló.

En Santa Ana del Yacuma, Beni, un operativo policial se vio interrumpido por una emboscada que dejó herido al sargento primero Jhonny González Montaño, de 37 años, trasladado de emergencia a Trinidad. Su estado es estable, pero el incidente demuestra la peligrosidad de estas redes y la necesidad de acciones coordinadas y estratégicas por parte de las fuerzas de seguridad.

Según cifras oficiales, Vásquez estaría vinculado a al menos 13 asesinatos y se le atribuyen amenazas directas contra el entonces fiscal departamental Gerardo Balderas, como represalia por los recientes golpes a su estructura. En Beni, solo en lo que va del año, se incautaron más de cuatro toneladas de droga y 15 aeronaves, mientras que los allanamientos incluyeron 12 viviendas, vehículos y equipos de uso militar. A pesar de estos avances, el prófugo continúa evadiendo la justicia.

Relevo en la Fiscalía y medidas de protección

Ante las amenazas contra Balderas, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, designó a Alexander Mendoza como nuevo fiscal departamental de Beni. Mariaca destacó la labor de Balderas desde mayo de 2023 y pidió al nuevo fiscal conducir la institución con ética, transparencia y sensibilidad social. “El Ministerio Público debe ser un espacio de confianza y apoyo para la población”, afirmó.

Mendoza, por su parte, prometió continuar el trabajo de su antecesor con responsabilidad y lealtad hacia la ciudadanía. “Asumo este cargo con compromiso y humildad, con la convicción de que debemos enfrentar al crimen organizado de manera firme y transparente”, expresó.

La posesión de Mendoza se produjo mientras se reforzaba la seguridad de Balderas y su equipo, y se activaban operativos en todo el país para neutralizar a los sicarios que operan bajo el mando de Vásquez.

La voz del acusado

Mientras las autoridades multiplicaban sus esfuerzos, Vásquez difundió un video desde la clandestinidad, en el que negó haber amenazado al fiscal Balderas y cuestionó la legalidad de los procesos en su contra. “Nunca enviaría a asesinar a un fiscal ni a nadie. Todo esto es un show. No hay pruebas sólidas, solo indicios y rumores”, aseguró.

El acusado explicó que no se entregará porque teme por su vida y no confía en la justicia boliviana. “¿Cómo puedo confiar en un sistema que me persigue sin garantías ni evidencias claras?”, preguntó en la grabación. Vásquez también recordó que las acusaciones comenzaron hace dos años tras un operativo en la casa de su madre, y que desde entonces se le imputan delitos graves, incluyendo sicariato, tráfico de drogas y legitimación de ganancias ilícitas, sin que se presenten pruebas contundentes.

“Me acusan de 13 sicariatos, pero no muestran nada. Si tienen evidencia, que la presenten. Yo solo pido justicia de verdad, sin montajes ni persecuciones”, manifestó.

Escenario complejo y de incertidumbre

La combinación de operativos simultáneos, relevo en la Fiscalía y declaraciones del acusado ha generado un clima de tensión en Beni y en los departamentos involucrados. Por un lado, el Gobierno asegura que los esfuerzos continuarán hasta desarticular completamente la red criminal. Por otro, Vásquez busca instalar la narrativa de que es víctima de un proceso injusto.

El viceministro Aguilera reiteró que los operativos no se detendrán hasta capturar al prófugo y desmantelar su red. “Estamos enfrentando a una estructura peligrosa, pero Bolivia no dará un paso atrás”, sostuvo.

En medio de este contexto, los habitantes de las comunidades afectadas esperan que las acciones del Estado se traduzcan en mayor seguridad y tranquilidad. El relevo en la Fiscalía también apunta a garantizar continuidad en las investigaciones y reforzar la confianza de la población en el sistema judicial.