La CIDH y la ONU llaman a Bolivia a garantizar justicia por Sacaba y Senkata. Las familias de las víctimas temen que recientes fallos judiciales consoliden un escenario de impunidad.

Las heridas que dejaron las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019 siguen abiertas. Más de 30 personas murieron en esos episodios de violencia estatal, cuando fuerzas policiales y militares intervinieron protestas sociales, y sus familiares no cesan en la búsqueda de justicia. A casi seis años de lo ocurrido, la presión internacional vuelve a poner estos casos en la primera línea del debate público.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur advirtieron recientemente que el Estado boliviano debe cumplir con las recomendaciones internacionales. La preocupación creció tras resoluciones judiciales que favorecieron a uniformados investigados, y luego de que se anularan procesos previos contra la expresidenta Jeanine Áñez, trasladando su caso a un juicio de responsabilidades.

La ministra de Justicia, Jessica Saravia, aseguró este domingo que las obligaciones internacionales no son optativas. “No se trata de simples sugerencias. El Estado, en todos sus órganos, está comprometido a garantizar justicia, porque hablamos de vidas humanas arrebatadas y de la necesidad de que estos hechos no se repitan”, manifestó en entrevista televisiva.

Saravia recordó que los informes de expertos independientes de la CIDH fueron elaborados tras un trabajo de verificación en Bolivia, y en ellos se estableció con claridad la necesidad de investigaciones profundas y sanciones efectivas. Según la ministra, no dar cumplimiento a esas recomendaciones expondría al país a un escenario aún más complejo en el ámbito internacional.

El riesgo no es solo moral ni político. De no atenderse los compromisos asumidos, las víctimas pueden acudir nuevamente a la CIDH y, eventualmente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir sentencias vinculantes contra Bolivia, incluyendo reparaciones económicas a favor de las familias afectadas.

Para los deudos de Sacaba y Senkata, los procesos judiciales no solo significan una búsqueda de justicia, sino también un camino de reparación y dignidad. Cada vez que un fallo libera a un implicado o cuando una causa se dilata, el sentimiento de abandono y frustración se intensifica. En sus palabras, la justicia parece llegar siempre para unos pocos, pero nunca para quienes perdieron lo más importante: la vida de sus seres queridos.

La advertencia de la CIDH y de la ONU fue directa: anular lo avanzado debilita la esperanza de justicia y erosiona la confianza en el sistema judicial. Ambos organismos remarcaron que la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos deja precedentes peligrosos para el futuro democrático de cualquier país.

Bolivia, por tanto, se encuentra en una encrucijada. De un lado, el cumplimiento de sus compromisos internacionales, que lo obligan a actuar con seriedad y coherencia. Del otro, la tentación de dejar que los procesos se estanquen en la maraña de tecnicismos y retrasos que caracterizan al sistema judicial.

El desenlace de estos casos no solo será un indicador de la capacidad del país para administrar justicia, sino también una señal hacia la comunidad internacional sobre el grado de compromiso real con la defensa de los derechos humanos.