El organismo electoral organiza encuentros decisivos con los nueve candidatos, mientras el Senado retrasa la ley que haría obligatoria su participación.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó oficialmente la realización de dos debates presidenciales nacionales, que se desarrollarán en las ciudades de La Paz y Santa Cruz durante las dos primeras semanas de agosto, como parte del calendario electoral previo a la votación del domingo 17. Los encuentros reunirán a los nueve candidatos en carrera por la presidencia y contarán con el respaldo de sectores claves de la sociedad civil boliviana.
La información fue brindada por el vocal del TSE, Francisco Vargas, quien subrayó que estos serán los únicos eventos oficiales organizados directamente por el órgano electoral. “Estos debates forman parte del compromiso institucional de garantizar el acceso a la información y el pluralismo político”, señaló.
La logística y difusión de los debates contarán con el apoyo técnico y operativo de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y representantes del empresariado boliviano, que firmaron acuerdos específicos con el TSE. El objetivo es asegurar una cobertura nacional, neutralidad técnica y reglas claras para todos los postulantes, sin discriminación ni privilegios.
Vargas destacó que es deber del TSE garantizar condiciones de igualdad. “El principio de equidad debe regir la participación de todos los actores políticos. No puede haber exclusión ni favoritismos. Son nueve los partidos habilitados y todos deben tener el mismo acceso a los espacios de deliberación”, indicó.
Sin embargo, mientras el TSE avanza con firmeza, el Senado Nacional mantiene congelado el proyecto de ley que haría obligatoria la participación de los candidatos en este tipo de encuentros. La norma, aprobada en mayo por la Cámara de Diputados y posteriormente respaldada por unanimidad en la Comisión de Constitución del Senado, se encuentra paralizada desde hace más de seis semanas.
El bloqueo legislativo tiene un nombre propio: Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y a la vez candidato presidencial por la Alianza Popular. A pesar del respaldo institucional a la norma, Rodríguez y su directiva no han agendado su tratamiento en el pleno, generando críticas desde distintos sectores políticos y ciudadanos.
El proyecto establece que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia deben participar obligatoriamente en al menos un debate oficial antes de las elecciones. En caso de incumplimiento, se contempla la suspensión de la pauta publicitaria del partido infractor en medios de comunicación y una sanción económica.
Diversas plataformas ciudadanas y colectivos académicos han venido organizando foros y diálogos políticos en diferentes departamentos, pero algunos de ellos han sido objeto de observación por excluir a postulantes con baja intención de voto. El TSE ha exhortado a estas iniciativas privadas a respetar el principio de inclusión, recordando que no se puede restringir la participación basándose únicamente en encuestas.
En ese marco, el vocal Vargas valoró los esfuerzos de la sociedad civil para fomentar el debate, pero insistió en que solo los eventos organizados por el TSE contarán con carácter institucional y garantías de imparcialidad. Asimismo, recomendó a las organizaciones que continúen promoviendo espacios de análisis político, siempre que respeten el marco legal vigente.
La actitud evasiva de algunos candidatos ha generado polémica. En particular, Rodríguez ha evitado asistir a tres foros recientes, realizados en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Su ausencia reiterada ha sido interpretada como una estrategia para eludir la confrontación directa de propuestas, lo cual contradice el principio de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
El debate en democracia no solo es un derecho, sino también una obligación. Esa es la premisa que sostiene la ley paralizada en el Senado, cuyo tratamiento urgente exigen activistas, periodistas, académicos y ciudadanos. Desde diversas trincheras, se ha denunciado que el uso del cargo parlamentario para obstruir normas de interés público representa una forma de manipulación institucional inaceptable.